La sentencia de los ERE se retrasa por cuarta vez: no llegará antes del 10-N

La sentencia del caso de los ERE presuntamente irregulares de Andalucía se retrasa por cuarta vez. De esta forma, el Partido Socialista se enfrenta a las elecciones generales del 10 de noviembre sin la sombra de un posible importante batacazo judicial.

La dispensa otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Juan Antonio Calle Peña, magistrado ponente del juicio de la ‘pieza política’ de los expedientes de los ERE terminaba este sábado. Se trataba de un permiso para dedicarse en exclusiva a la redacción de esta esperada sentencia. El plazo se ha superado y el fallo judicial no está listo.

Primero, la Sala de Gobierno del TSJA aprobó el pasado 26 de febrero la liberación total durante seis meses del magistrado Juan Antonio Calle Peña para llevar a cabo la redacción de la sentencia de los ERE si bien el 10 de septiembre aprobó prorrogar ese plazo hasta este sábado, día 26 de octubre.

Al hilo de ello, el juez ponente ha enviado un escrito a la referida Sala de Gobierno del TSJA con el fin de que el próximo martes, fecha en la que se celebrará una nueva sesión de este organismo, se analice la situación en la que se encuentra la sentencia de los ERE y si procede o no dar una nueva dispensa que libere por más tiempo a Juan Antonio Calle Peña para culminar la redacción de la misma, informa EP.

Diciembre de 2018

En concreto, el juicio de esta causa, que sentó en el banquillo de los acusados desde el 13 de diciembre de 2017 a 21 exaltos cargos de la Junta, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quedó visto para sentencia el 17 de diciembre del pasado año. Así, por el momento, la redacción de la sentencia alcanza más de diez meses .

Al respecto, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, indicó el pasado 1 de octubre que la sentencia de los ERE constituye una sentencia «muy compleja de redactar con muchos puntos problemáticos, que afecta a muchas personas». «Son lecturas y relecturas para evitar contradicciones y errores», aseguró.

Del Río añadió que los magistrados le trasladaron que se encontraban ya en el «‘sprint’ final» y que iban a hacer el esfuerzo para que la sentencia «esté cuanto antes» porque eran conscientes de que el tiempo es algo importante en las sentencias.

152 sesiones

Cabe recordar que este juicio se ha desarrollado durante un año y cuatro días con un total de 152 sesiones en las que se sentaron en el banquillo de los acusados 21 ex altos cargos de la Junta.

Para elaborar la sentencia, el tribunal enjuiciador tiene en cuenta más de 14.200 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción y más de 650 horas de grabación de las 152 sesiones del juicio.

Además, Juan Antonio Calle Peña redactará esta sentencia tras haber oído a más de 120 testigos, estudiar una extensa documental y conocer durante seis semanas las tesis y argumentos, siempre contradictorios, de los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de seis peritos propuestos por las defensas durante la prueba pericial, «prueba estrella» como la han calificado algunos abogados, y que ha sido impugnada por la defensa del exconsejero Gaspar Zarrías, adhiriéndose muchas representaciones procesales de los acusados.

En la sentencia, el tribunal sentenciará si ha habido o no un delito continuado de prevaricación y de malversación. Las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general Manuel Gómez, el exdirector general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete y la exsecretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, todos ellos se enfrenan a seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

Además, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP andaluz, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos exaltos cargos.