Maricarmen tenía potestad para «realizar toda clase de negocios» con inmuebles en la empresa de 950 millones de pesetas de la que era consejera

La difunta Maricarmen, la vecina que el Gobierno de Pedro Sánchez eligió como rostro de su polémico Real Decreto-ley de Vivienda, no era solo una secretaria dedicada a redactar las actas del Consejo de Administración de la inmobiliaria para la que trabajó durante años. Según ha podido comprobar OKDIARIO a partir de los Estatutos de JINUR SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid, la señora Abascal, como consejera de la compañía, contaba con facultad para «realizar todo tipo de negocios» con «los bienes inmuebles, dinero y valores mobiliarios» de la empresa con un capital de más de 950 millones de pesetas de la época.

De hecho, según se desprende del artículo 27 de los Estatutos de la compañía, consultados en exclusiva por este periódico, María del Carmen Abascal Martín también tenía potestad como consejera para «contratar en general» y realizar «toda clase de actos» de administración «ordinaria y extraordinaria» en representación de la compañía.

Es importante subrayar el matiz de su nombramiento oficial como consejera. En la misma nota simple mercantil, la propia sociedad destacaba que, tanto los secretarios como los vicesecretarios, acudirían a las reuniones del órgano administrativo «con voz» pero «sin voto», salvo que «ostenten la condición de Consejero». Es decir, como sucedía en el caso de Maricarmen.

De nuevo, lejos de ser una simple secretaria, los documentos contrastados acreditan que la vecina madrileña, utilizada por el Ejecutivo como arma política hasta su fallecimiento, tenía «voz y voto» en las decisiones de la compañía dedicada a la «realización de inversiones en bienes inmuebles y su explotación en forma de arrendamientos, así como la urbanización y parcelación de solares».

Este nuevo dato revela que la madrileña quizás no era el mejor ejemplo posible para la cruzada del Ejecutivo contra los propietarios. Antes de convertirse en icono de la izquierda contra los desahucios, Abascal tomó decisiones desde la planta noble de JINUR S.A., una inmobiliaria que durante décadas se dedicó exactamente a lo que hoy demoniza Moncloa: comprar viviendas para «explotarlas» en alquiler.

Un capital de 950 millones de pesetas

La compañía inmobiliaria en cuyo Consejo de Administración se sentó María del Carmen Abascal Martín no era una pequeña sociedad familiar. Según los estatutos de JINUR S.A., la entidad disponía en 1994 de un capital social de 950 millones de pesetas. Al cambio oficial, esa cifra equivale a 5,7 millones de euros, y actualizada en base a la inflación acumulada desde entonces ronda más de 12 millones de euros de hoy.

Cabe recordar que Urbagestión, la sociedad que compró la vivienda de Retiro en la que Maricarmen llevaba viviendo ya dos décadas de forma ilegal con un extinto contrato de renta antigua, tenía 3.000 euros de capital social. En plena polémica por el desahucio de la anciana, la ministra Isabel Rodríguez calificó a la entidad como «fondo buitre», aunque luego rectificó para inventar un nuevo término: «Una pyme buitre carroñera».

La sociedad en la que ahora se desvela que desarrolló parte de su vida laboral María del Carmen Abascal reunió un enorme patrimonio inmobiliario en los años 90. Además, tanto JINUR SA como FIEBA SA, las dos sociedades en las que trabajó como consejera la recién fallecida, compartían domicilio social en el número 36 de Pradillo, el corazón inversor de Madrid.

Se descubre así que la mujer elegida por la izquierda de Pedro Sánchez como símbolo contra los caseros y la que puso nombre a su polémico Real Decreto de Vivienda, estuvo durante años en el lado de un «gran tenedor» y con amplios poderes para «realizar todo tipo de negocios» inmobiliarios.

El Consejo de Administración de JINUR SA al que perteneció Maricarmen Abascal daba el visto bueno a comprar con su capital de 950 millones de pesetas inmuebles para alquilar, urbanizar, parcelar y «explotar» las propiedades a través del alquiler.