Seguro médico privado para los empleados de una empresa pública llena de ‘enchufados’ de PSOE e IU

Tiene apenas 22 empleados, pero son unos privilegiados. Son los 22 contratados de la empresa pública del suelo de Leganés (EMSULE). Disfrutan de un seguro médico privado que no está al alcance de ninguno de los 1.500 funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento de este municipio madrileño.

La póliza, que recoge un amplio catálogo de protección, supone a las arcas municipales alrededor de 12.500 euros al año. Por un pequeño extra, cada empleado puede ampliar la cobertura sanitaria a su cónyuge o pareja de hecho e hijos respectivos. Es el caso del alcalde, por ejemplo, que tiene la opción de estar cubierto la póliza privada de su mujer, jefa de administración en EMSULE.

El gobierno municipal de Leganés está desde 2015 en manos del PSOE e IU, formaciones políticas que se distinguen por la defensa de la sanidad pública y el rechazo de la privada. La póliza fue contratada durante el mandato precedente del PP, pero ni PSOE ni IU están hoy en disposición de renunciar al privilegio que otorga a los empleados de EMULSE frente al resto de los funcionarios de Leganés.

Entre otras razones porque EMSULE acoge en su plantilla de 22 personas a cinco empleados ligados por lazos familiares con el PSOE e IU. Sonia Martín es jefa de administración y esposa del actual alcalde, el socialista Santiago Llorente. Cristina Lora es administrativa y cónyuge del Rubén Bejarano, concejal de IU y socio de gobierno. José Ángel García es empleado y vocal del comité ejecutivo municipal del PSOE. Sonia Humanes es empleada y fue suplente en la lista socialista a las elecciones. Pascual Castrillo es empleado y secretario de Formación del PSOE.

Lo curioso es que mientras todas estas contrataciones se produjeron durante mandato socialista, la del seguro médico privado fue resultado del gobierno del PP. Carlos Delgado, portavoz de los seis concejales de ULEG, tiene una explicación: “Era la manera que el entonces presidente de la empresa, el edil de Urbanismo del PP, Miguel Ángel Recuenco, tenía a su mano para controlar una empresa volcada a la izquierda y la prueba del contubernio del ladrillo que PP y PSOE mantenían en Leganés”.

Recuenco aparece citado en grabaciones a la Púnica (“Lo que puede hacer Recu es perseguir el asunto”) y era máximo responsable de Urbanismo durante los años que están siendo investigados. Así, por ejemplo, el Parque Tecnológico de Leganés es uno de los 22 consorcios urbanísticos madrileños que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga si sirvieron “para engrosar las arcas del PP, Izquierda Unida y PSOE, partidos con ediles que eran miembros del consejo de administración del respectivo consorcio”.