La Seguridad Social da de alta a los guardias civiles discriminados por Marlaska en sus oposiciones

La Tesorería General de la Seguridad Social ha comenzado a dar de alta con efecto retroactivo a guardias civiles que fueron inicialmente excluidos de los procesos selectivos y que posteriormente consiguieron su ingreso en el cuerpo tras ganar en los tribunales. Esta medida, que hasta ahora el Ministerio del Interior había evitado implementar, ha quedado evidenciada en una reciente resolución administrativa emitida por la Dirección de Madrid de la Seguridad Social que adelanta OKDIARIO.

Los afectados por esta situación son «cientos de Guardias Civiles de nuevo ingreso», y las cantidades supuestamente defraudadas a la Seguridad Social ascenderían a cifras «millonarias». Las mismas fuentes subrayan que, sorprendentemente, no consta por el momento sanción al Ministerio del Interior por parte de la Inspección de Trabajo, ni «deducción de testimonio a la Fiscalía».

Denuncian que es un trato «francamente sorprendente», argumentando que si un empresario privado hubiera desarrollado prácticas similares, «a buen seguro hubiera sido imputado y condenado por delito de fraude a la seguridad social» según el Código Penal, que tipifica la conducta de quien «por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas» con penas de prisión de uno a cinco años y multas cuando la cuantía defraudada exceda los cincuenta mil euros.

Según el documento oficial fechado en enero de 2025, la Administración ha procedido «de oficio a cursar alta con fecha marzo de 2020 y efectos de septiembre de 2020» para un guardia civil como funcionario de nuevo ingreso en la Dirección General de la Guardia Civil. Esta resolución se fundamenta en una sentencia de 2021 de un Tribunal Superior de Justicia, que declaró «apto al recurrente en la prueba de entrevista personal» y reconoció «su derecho a la realización del reconocimiento médico, y, una vez finalizado el proceso selectivo y, en caso de superación del mismo, así como del periodo de formación y prácticas, a los efectos económicos y administrativos de su nombramiento como Guardia del Cuerpo de la Guardia Civil que deberán ser los correspondientes a la promoción de la convocatoria del año 2018».

Fuentes judiciales han calificado esta situación como el «destape del fraude del Ministerio del Interior». Según estas fuentes, el caso de este agente no es aislado, sino que representa a «cientos de aspirantes a Guardia Civil» que, tras ser inicialmente declarados no aptos, tuvieron que ingresar de forma tardía en el cuerpo después de que los tribunales reconocieran su derecho.

Las sentencias emitidas por Tribunales Superiores de Justicia de toda España, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, establecen que el ingreso debe efectuarse «con todos los derechos económicos y administrativos» que tendrían los componentes de la promoción original, incluyendo el reconocimiento de antigüedad y el abono retroactivo de retribuciones. Estas resoluciones judiciales han obligado al Ministerio del Interior a afrontar «indemnizaciones millonarias» para estos agentes, a quienes debe abonar la totalidad de los atrasos devengados desde que debieron haber ingresado en el cuerpo.

En este contexto, existe otra obligación que el Ministerio del Interior «viene soslayando de forma fraudulenta»: la cotización a la Seguridad Social por estos agentes desde su nueva fecha de ingreso en el Cuerpo. De acuerdo con fuentes jurídicas, «el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social han estado mirando para otro lado durante años en connivencia con el Ministerio del Interior».

El cambio de actitud de la Tesorería se habría producido después de que el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés elevara una petición en nombre de uno de estos guardias civiles. Ante «la inminencia de una posible denuncia por prevaricación», la Tesorería de la Seguridad Social ha comenzado a dar de alta de oficio a estos agentes.

En el caso concreto documentado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió un informe solicitando el alta del trabajador «con el objetivo de extender acta de liquidación».

La resolución administrativa, firmada por la directora de la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social, establece un plazo de un mes para interponer recurso de alzada, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.