Seguridad Nacional alerta de la «reincidencia» de yihadistas excarcelados «en los próximos meses»
Seguridad Nacional advierte en su último informe sobre la amenaza del terrorismo yihadista
El auge de los ataques yihadistas es una de las grandes preocupaciones de los gobiernos a nivel internacional a la cual Seguridad Nacional no es ajena. El departamento adscrito a la Presidencia del Gobierno lanza, en su último informe, una clara advertencia sobre este fenómeno terrorista, que mantiene en alerta al mundo entero: «Los procesos de radicalización dentro de las prisiones, tanto de individuos condenados por terrorismo como de presos comunes, representan un vector de amenaza significativo, por la posibilidad de que se creen grupos organizados con capacidad de planificar ataques tanto dentro como fuera de las cárceles una vez cumplidas las condenas», avisa Seguridad Nacional. Y, en este contexto, añade: «La posible reincidencia o reactivación de elementos, una vez cumplida su condena, resulta de especial relevancia debido al importante número de presos radicalizados o que no han abandonado sus convicciones yihadistas y que han salido de prisión en 2023 o está previsto que lo hagan en los próximos meses».
«La administración penitenciaria continúa desarrollando y potenciando los procedimientos y las actuaciones necesarias orientadas a la detección de individuos que pudieran encontrarse inmersos en un proceso incipiente de radicalización de naturaleza yihadista, ya fuere como sujetos activos o pasivos de estos procesos, posibilitando una intervención inmediata sobre estos, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista del tratamiento. En este ámbito, el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan tanto sobre los procesos de radicalización en prisiones, en estrecha colaboración con las instituciones penitenciarias nacional y autonómicas, como en el control de personas recientemente excarceladas», señala Seguridad Nacional.
Pese al brutal atentado atentado perpetrado por Estado Islámico en una sala de conciertos de Moscú, este fin de semana -y que se ha cobrado la vida de casi 140 personas-, el Ministerio del Interior no ha modificado el nivel de alerta antiterrorista. En la actualidad, España se mantiene en un nivel 4 sobre 5 «reforzado», tal y como se acordó el pasado miércoles en la reunión de la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista. Ese refuerzo incluye una especial vigilancia en los lugares de alta concentración de personas, como los acontecimientos religiosos y de ocio durante la festividad de Semana Santa, así como la protección de objetivos estratégicos. Otros países de nuestro entorno, como Francia, sí decidieron elevar su nivel de alerta tras el atentado en Rusia. El nivel máximo de alerta -el 5-, al que el Gobierno español siempre se ha resistido, supondría sacar al Ejército a las calles.
«Lobos solitarios»
El informe de Seguridad Nacional no escatima en avisos sobre la amenaza yihadista. En un entorno de máxima inestabilidad internacional, destaca que «los sucesos ocurridos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 suponen un incremento del riesgo y de la amenaza a nivel global, sin olvidar, como un vector catalizador relevante, la guerra por la invasión rusa de Ucrania que, además de comportar un conflicto armado en Europa, conlleva un incremento en la circulación de armas y explosivos». «Del mismo modo», subraya, «hay que destacar la situación cada vez más radicalizada y polarizada en el marco social y económico a nivel global, que conlleva un incremento de la actividad de los extremismos violentos».
«El principal vector de amenaza en España continúa siendo la comisión de ataques llevados a cabo por individuos que actúan en solitario» y también «se mantiene el riesgo de que individuos aislados o células autónomas vinculadas a grupos terroristas de ideología yihadista, los conocidos como Homegrown Terrorist Fighters, puedan llevar a cabo atentados mediante un modus operandi de baja sofisticación, fácil acceso y difícil detección».
Seguridad Nacional advierte aquí que «su existencia está íntimamente ligada a la incapacidad de las organizaciones yihadistas de desarrollar estructuras propias en Occidente y para su activación, la propaganda continúa jugando un papel fundamental».
Enaltecimiento
Todo ello, mientras el Gobierno sigue adelante con su plan para borrar del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo, según la proposición de ley de Sumar que el PSOE apoyó en el Congreso el pasado diciembre.
De salir aprobada finalmente, el enaltecimiento terrorista dejaría de ser delito, lo que afectaría a las causas que se siguen por terrorismo yihadista y complicaría enormemente las investigaciones, como han alertado ya las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El enaltecimiento de terrorismo es uno de los principales delitos por el que son condenados los yihadistas detenidos en España, con 57 condenas en la Audiencia Nacional sólo en 2022.
Igualmente, la difusión de propaganda sobre los atentados o las amenazas del yihadismo es uno de los principales vectores que siguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus investigaciones por lo que, de suprimirse este delito, las condenas pueden quedar significativamente mermadas.
Según avisa Seguridad Nacional, «la propaganda es el vehículo principal empleado por Al Qaeda y Daesh para conseguir una difusión global de su ideología, planes y objetivos y los procesos de radicalización se consuman mayoritariamente a través de las plataformas digitales»: «En la propaganda en línea, se siguen detectando llamamientos genéricos por parte de Daesh y Al Qaeda a llevar a cabo acciones contra Occidente, incluyendo España».
Así, «en 2023 se ha mantenido el volumen de difusión de contenido de carácter yihadista en idioma español dirigido a ciudadanos hispanohablantes».
Combatientes extranjeros
Además, el último informe de Seguridad Nacional avisa además sobre «la amenaza representada por los combatientes terroristas extranjeros (CTE), dada la persistencia en los llamamientos efectuados por las principales organizaciones yihadistas a sus seguidores para que se desplacen a zonas en conflicto donde se encuentran actualmente operando, como Afganistán, Irak, Siria, Libia y, especialmente, el Sahel».
En el caso de España, «el principal riesgo sigue siendo el posible retorno de CTE, especialmente si se producen de forma clandestina e indirecta, usando rutas y métodos propios de las redes de inmigración ilegal».
«Al margen de los propios CTE españoles, la posible llegada a España de retornados originarios de otros países, ya sean europeos o del Magreb, puede resultar especialmente preocupante», abunda el departamento dependiente de Presidencia.
Según los últimos datos consolidados, España tendría 272 combatientes terroristas extranjeros, según el Listado Único Común, de los cuales 102 están desplazados en zona de conflicto, 65 son retornados y 104 habrían fallecido.
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