El secretario municipal de Barcelona dictamina que Colau no puede colaborar con el 1-O

El secretario del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cases, ha dictaminado hoy que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.

En un informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.

El informe no tiene carácter preceptivo y fuentes municipales han indicado que el gobierno municipal «mantiene las conversaciones con el Govern para facilitar la movilización del 1-O».

La alcaldesa de Barcelona solicitó el pasado 7 de diciembre a la secretaría del Ayuntamiento que comprobara la disponibilidad de los locales utilizados habitualmente como centros de votación, de cara a atender al requerimiento que le hicieron el presidente y el vicepresidente del Govern para que los pusiera a disposición de la Generalitat en el referéndum del 1 de octubre.

También pedía que se emitiera un informe sobre los riesgos jurídicos para la institución y para el personal de la misma derivados de su eventual participación en el referéndum, según explica el informe del secretario, que no tiene carácter preceptivo.

«Eventuales responsabilidades, incluida la penal»

En las conclusiones, el secretario general subraya que la puesta a disposición de la Generalitat de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación supondría incumplir un mandato «expreso, claro y taxativo» del Tribunal Constitucional, en el que se advierte de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal», en que podrían incurrir todos los poderes públicos en el caso de no atender a su requerimiento.

También recuerda que este mandato del TC es el de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, ningún acuerdo o actuación que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña».

«La alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional, de abstenerse a realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la puesta a disposición de locales para la votación», concluye el secretario municipal.

Además, informa de que «el incumplimiento de esta obligación puede comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidades de todo orden, sea por parte del propio tribunal» o «de carácter administrativo, disciplinario, contable, e incluso penal».

Respecto a las responsabilidades penales, el secretario general del Ayuntamiento cita en su informe el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 7 de septiembre en el que imparte instrucciones para que las Fiscalías catalanas investiguen las actuaciones «dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos».