España

Sánchez purga a guardias civiles que le critican pero defendió su «libertad de expresión» contra Rajoy

En 2016 y 2017 el PSOE se reunió y pactó mociones con guardias civiles para cargar contra el Ejecutivo del PP

  • Roberto Pérez
  • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez considera que las organizaciones profesionales de guardias civiles no disfrutan del derecho constitucional a la libertad de expresión si ello supone criticar al Ejecutivo. Es toda una novedosa reinterpretación, también, del derecho de representación social y laboral, porque Sánchez impone este criterio en beneficio propio después de haber defendido justo lo contrario cuando estaba en la oposición. Ahora dice que se debe perseguir y sancionar a los representantes profesionales de la Guardia Civil que critiquen medidas del Gobierno como la amnistía, pero en 2016 y 2017 se reunió con organizaciones de guardias civiles para hacer pinta contra el Gobierno de Rajoy y exigió, con vehemencia, «la libertad de expresión» de los portavoces profesionales de la Benemérita cuando criticaban al PP.

El PSOE de Sánchez llegó a promover y aprobar una iniciativa parlamentaria en la que exigía al entonces Ejecutivo de Rajoy que paralizara «el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones de guardias civiles por ejercer su derecho de asociación profesional y su libertad de expresión». Ahora, Sánchez se desdice y usa con rigor la disciplina militar contra los representantes profesionales de la Guardia Civil que critican al Gobierno. Por haber criticado la Ley de Amnistía han sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo Agustín Leal, de la asociación profesional de guardias civiles Jucil, y el presidente y vicepresidente de Aprogc.

Este cambio radical de criterio suma y sigue en la larga lista de mentiras y promesas incumplidas que acumula el líder del PSOE e inquilino del Palacio de la Moncloa. Pero, en este caso, el asunto puede tener recorrido judicial en el caso de que los guardias civiles que están siendo purgados por haberse pronunciado contra la Ley de Amnistía decidan llevar ante los tribunales la persecución que están sufriendo.

OKDIARIO ha recopilado manifestaciones públicas y mociones institucionales promovidas en su día por el PSOE de Sánchez para proclamar el derecho de representación profesional y de libertad de expresión de aquellos a los que ahora persigue por criticarles. Y veía con complacencia comunicados de organizaciones profesionales de la Guardia Civil en las que aplaudían iniciativas del PSOE y censuraban la acción del Gobierno presidido en aquel momento por Mariano Rajoy.

Derechos «democráticos»

Uno de estos botones de muestra se produjo el 19 de septiembre de 2016, en la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE. Aquel día, el grupo del PSOE en el Congreso en el que mandaba Sánchez presentó una proposición no de ley para exigir la reforma del Código Penal Militar en defensa de los derechos «democráticos» de los guardias civiles.

El hoy presidente del Gobierno encargó la presentación de esa iniciativa a Elvira Ramón, diputada nacional durante varias legislaturas, hasta las elecciones generales de mayo del año pasado. La parlamentaria es licenciada en Derecho, así que se le suponen conocimientos jurídicos como para argumentar la defensa de esa «democracia» que reivindicaba para la Guardia Civil. Entre otros aspectos, aquella iniciativa parlamentaria incluía el derecho a la libertad de expresión de los representantes profesionales de la Benemérita.

«Se trata de que los guardias civiles tengan los mismos derechos que otros ciudadanos (…) sin ver perjudicada su carrera y sus puestos de trabajo, así como ejercer con libertad sus derechos de representación colectiva», decía el 19 de septiembre de 2016 la encargada por Sánchez para presentar ante los periodistas aquella proposición no de ley. Ahora, el Gobierno de Sánchez expedienta y suspende de empleo y sueldo a guardias civiles que, como representantes de organizaciones de la Guardia Civil, han criticado la Ley de Amnistía que defiende el Gobierno para borrar los delitos cometidos o imputados a cabecillas del golpe independentista de Cataluña de 2017. Esto en pago por los votos con los que los secesionistas han permitido a Sánchez seguir habitando La Moncloa.

Aquella no fue una iniciativa aislada del PSOE para reclamar que los guardias civiles tuvieran derechos que ahora les niega, por entender que criticar al Gobierno es entrar en cuestiones «partidistas» e infringir las normas de aplicación a los miembros de la Guardia Civil.

El PSOE hizo política con agentes

En junio de 2017, mes en el que Pedro Sánchez recuperó la silla de secretario general del PSOE, su partido registraba en este caso una proposición de ley –es decir, una iniciativa legislativa– para que no se aplicara a la Guardia Civil el Código Penal Militar ni en sus labores policiales ni en su vida cotidiana y particular.

Fue una proposición de ley que el PSOE hizo mano a mano con organizaciones profesionales de la Guardia Civil. No consideraba entonces que eso era «partidista». Lo certificó el 28 de junio de 2017 la Unión de Guardias Civiles, que a través de un comunicado en el que, sin temor a reprimenda administrativa alguna –entonces gobernaba el PP–, informó que dicha asociación había trabajado con los socialistas para redactar esa proposición de ley. «No pedimos privilegios para el colectivo de guardias civiles, pedimos igualdad, que consideramos que es de justicia ordinaria», destacó en aquel comunicado la Unión de Guardias Civiles en alianza estratégica con el PSOE.

No censuró a guardias que le alagaban

Tampoco consideró «partidista» el PSOE de Sánchez que otra organización profesional de la Benemérita, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), emitiera un comunicado el 11 de enero de 2018 titulado: «AUGC celebra la proposición de ley del PSOE para la abolición del Código Penal Militar en la Guardia Civil».

Apeló a la «libertad de expresión»

Por si queda alguna duda de que el PSOE sanchista que ahora persigue desde el Gobierno a quienes critican medidas del Ejecutivo, como prueba queda también lo ocurrido en 7 de abril de 2016 en el Parlamento de Andalucía. Ese día se aprobó en la Cámara andaluza una proposición no de ley promovida por los socialistas que, entre otros puntos, rechazaba que el Gobierno central (Ministerio del Interior) utilizara «el régimen disciplinario» para amedrentar a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil «en la defensa de sus derechos y a la hora de plantear demandas a las instituciones democráticas».

Más aún, en aquella misma proposición no de ley promovida por el PSOE y que fue aprobada por el Parlamento andaluz, se exigía al Gobierno central que «paralice el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones de guardias civiles por ejercer su derecho de asociación profesional y su libertad de expresión». Es decir, el PSOE de Sánchez ponía el grito en el cielo contra lo que ahora está poniendo en práctica desde el Gobierno, vía Ministerio del Interior dirigido por el juez de carrera Fernando Grande-Marlaska.