Sánchez presume de paralizar los desahucios que ya están suspendidos por el cierre de los juzgados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros  que «en esta crisis nadie será desahuciado por una situación económica difícil». Sánchez anunció la medida, como si fuera propia, cuando los juzgados de lo civil suspendieron su actividad hace días y cancelaron todas las actuaciones de comisiones judiciales que no tengan un carácter urgente y excepcional, por lo que ya ningún español podía ser deshauciado de su vivienda durante el tiempo en el que se prolongue el estado de alarma. Sin un funcionario presente ningún cerrajero o policía puede intervenir para desalojar a ningún ciudadano de su domicilio.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado emitieron la semana pasada un comunicado para detallar un plan único de actuación por el que se interrumpió, sin fecha límite, la actividad judicial, una vez se confirmó que el Ejecutivo declaraba el estado de alarma en todo el país.

Pese a las críticas iniciales de los profesionales de la Justicia contra la decisión de la Comisión Permanente del CGPJ -presidida por Carlos Lesmes- de no suspender las vistas judiciales, y dejar en manos de cada juez la posibilidad de hacerlo, el Consejo rectificó y junto a Justicia y Fiscalía acordó mantener sólo la celebración de servicios mínimos «esenciales». Esto es, defensa de presos o detenidos, servicios de guardia en violencia de género o actuaciones urgentes de vigilancia penitenciaria.

El anuncio con el que Sánchez presumió hoy de paralizar los desahucios -dentro de la batería de medidas económicas aprobada por el Gobierno para paliar el impacto de la crisis sanitaria en pymes y hogares- ya estaba acordado por los juzgados desde el pasado viernes.

El líder socialista del Ejecutivo avanzó, además, una moratoria hipotecaria que aliviará a los trabajadores que hayan sido enviados al paro por la pandemia del coronavirus. El Gobierno ha aprobado un aplazamiento en el pago de las hipotecas para todas las personas que vean reducidos sus ingresos, en las próximas semanas, o se encuentren en situación de desempleo por el descenso de la actividad económica durante la crisis sanitaria.

Se interrumpen los plazos

El decreto mediante el que el Gobierno declaró el estado de alarma para la gestión del COVID-19, durante 15 días, suspendió, todos los plazos judiciales y administrativos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, «en reunión no presencial, a propuesta de su Presidente y en ejercicio de sus atribuciones» legales, se sumó hoy a la medida general definida para el Poder Judicial y suspendió «los plazos para realizar cualesquier actuación» durante el tiempo en el que esté vigente el decreto y sus posteriores prórrogas.

Se suspenden, además, los plazos pero «podrán seguir presentándose recursos y demás escritos, que afecten a los distintos procesos constitucionales o administrativos», siempre a través del Registro electrónico del Constitucional.

«El estado de alarma no interrumpe el funcionamiento de este órgano constitucional, que continuará dictando las resoluciones y medidas cautelares que fueran necesarias, en los procesos constitucionales que lo requiriesen, en garantía del sistema constitucional y de los derechos
fundamentales y libertades públicas», concluye la nota oficial emitida por el Tribunal de Garantías.