El primer texto que aprobó el Gobierno en primera vuelta el pasado mes de marzo sólo afectaba a las listas electorales, la composición del Gobierno, los consejos de administración de grandes empresas, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público de personalidades.
Sin embargo, en el texto de la segunda vuelta se introdujo una modificación para que afecte también a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional como «el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tengan una representación paritaria».
También se flexibilizó el calendario de implementación de los objetivos previstos en la norma que iría desde 2024 para el Ibex 35 hasta 2028 para las entidades de interés público.
La ley obligará a la empresa a explicar si no se cumple, establecer protocolos y revisar sus procesos para garantizar que así se produce. Además, el régimen sancionador será «más estricto» para las grandes empresas cotizadas.
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