Sánchez lleva a su socio Urkullu al Constitucional por imponer la vacuna obligatoria

La vacunación obligatoria en el País Vasco ha provocado el enésimo enfrentamiento entre Pedro Sánchez y uno de sus socios. El Ejecutivo socialista lleva al Tribunal Constitucional la ley de medidas para la gestión de la pandemia de Íñigo Urkullu, aprobada en junio de 2021 precisamente con los votos a favor de los socialistas vascos.

El cambio de criterio en el seno del PSOE se materializó este martes en el Consejo de Ministros, reunión en la que se acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad «contra determinado precepto de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de Covid-19».

En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez cuestiona la legalidad del artículo que establece la obligación de vacunarse, así como de prestarse a la realización de pruebas diagnósticas. Este punto, el 14.3, determina que «la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas (diagnósticas) por la persona afectada se recogerá por escrito y llevará aparejada como consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad sujeta a la realización de la misma, así como, en su caso, la posibilidad de que se impongan restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por esta ley». Este mismo precepto, aclara la ley, «se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación».

Según el gobierno vasco, este recurso de inconstitucionalidad responde a un conflicto de interpretación ya que, mientras el Gobierno de Sánchez sostiene que Urkullu obliga a sus ciudadanos a vacunarse, el PNV defiende que la norma vasca remite a la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente, que menciona en todo momento el «necesario consentimiento», es decir, la voluntariedad.

Recurso de Vox

El recurso de inconstitucionalidad Pedro Sánchez se suma al presentado por Vox, que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado mes de febrero. Además del artículo sobre la vacunación obligatoria, el partido de Santiago Abascal recurrió otros puntos de esta norma que, a su juicio, impone «prestaciones personas obligatorias, la prohibición de trabajar si te niegas a vacunarte o a hacer la prueba diagnóstica, aislamientos y cuarentenas personales en el lugar que se indique y por el tiempo que se señale y todo sin intervención judicial».

«Vox no interpreta el estado de derecho ni la democracia con arreglo a criterios políticos ni partidistas. La defensa de los derechos de los españoles y de la ley no admite excepción ni excusa», indicaba la portavoz de la formación, Macarena Olona, tras presentar el recurso, al tiempo que añadía que «esta ley impone la posibilidad de declarar al gobierno vasco un auténtico estado de excepción».

Las llamadas leyes antipandemia de las comunidades autónomas han derivado en la interposición de diversos recursos de inconstitucionalidad por parte de Vox, a los que ahora se suma, además, el promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez contra su socio Íñigo Urkullu.