España
Investidura

Sánchez hará de portavoz de 21 diputados separatistas y proetarras para convencer al Rey de sus apoyos

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Felipe VI inicia este lunes la ronda de consultas con las formaciones políticas para designar candidato a la investidura. No podrá entrevistarse con todos grupos con representación parlamentaria, pues ERC, Junts, Bildu y BNG -socios de Pedro Sánchez- ya han avanzado que no acudirán al Palacio de la Zarzuela, en su habitual desplante al monarca. De esta forma, Sánchez tendrá que ejercer de portavoz de sus habituales aliados a la hora de trasladar al Rey su convencimiento de que tiene apoyos para intentar la investidura.

En la práctica, Sánchez sólo podrá demostrar ante Felipe VI que cuenta con 152 apoyos (los del PSOE y Sumar), además de los cinco del PNV que, según las declaraciones de sus dirigentes, se decantan por el bloque de la izquierda. Otros 21 -ERC (7), Junts (7), Bildu (6) y BNG (1)- no podrán ser contrastados, pues el Rey no tendrá posibilidad de saber de primera voz el posicionamiento de esas formaciones.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo se presenta con 137 diputados del PP y 33 de Vox, además del voto de UPN y, previsiblemente, de Coalición Canaria. En cuanto al apoyo de Vox, desde el partido aseguran que siguen con la «mano tendida» al PP si bien esperan «explicaciones» tras excluirles de la Mesa del Congreso.

En cualquier caso, Feijóo cuenta con más apoyos demostrables que Sánchez, por lo que los populares confían en que sea el candidato propuesto por el Rey. Ello no evita que la aritmética parlamentaria le sea adversa al líder del PP, si Junts vuelve a apoyar a Sánchez como así parece. En Génova aseguran, aún así, que Feijóo quiere intentar la investidura.

Felipe VI desarrollará las consultas con los grupos en dos días y el martes convocará a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, para comunicarle su propuesta. Cabe recordar que el Rey no tiene obligación de proponer candidato de inmediato. Puede esperar el tiempo que precise o volver a convocar una nueva ronda para sondear a las formaciones. El artículo 99 de la Carta Magna únicamente establece que el Rey, previa consulta con los grupos políticos, y a través de la presidencia del Congreso de los Diputados, propone un candidato a la presidencia del Gobierno.

Decisión

Se trata, por tanto, de una prerrogativa real decidir a quién y cuándo, y en esta ocasión, la situación es más enrevesada que en legislaturas precedentes. La tradición se ha decantado por que el primer candidato a la investidura sea el líder del partido que ganó las elecciones. Es decir, Feijóo. Si fracasa, el Rey convocaría una nueva ronda y podría designar a otro candidato, es decir, a Sánchez. En este punto existe un debate abierto entre los expertos, pues algunas fuentes sostienen que se debe designar al aspirante que reúna más apoyos para intentar una investidura exitosa.

Si el candidato designado por el Rey no supera la investidura, empezaría a correr el reloj para la convocatoria de nuevas elecciones y en dos meses, si ningún candidato es investido, se procederá a la disolución de las Cortes y la repetición electoral. Según los plazos, si la investidura fallida tiene lugar a mediados de septiembre, los nuevos comicios coincidirían a principios de enero. En Moncloa manejan los días 19 y 20 de septiembre como los más probables para el debate en el Congreso.

Fijar la fecha de ese debate corresponde a la socialista Armengol, que entre sus tareas tiene la de ordenar los plenos de la Cámara Baja. Es decir, en su mano está acompasar el calendario a los ritmos que a Sánchez le interesen para amarrar sus apoyos.

La configuración de la Mesa del Congreso ya ha marcado el camino para las posibles mayorías, después de que Junts haya abandonado su posición amenazante para plegarse a Sánchez dándole su apoyo. A cambio, el PSOE tramitará una ley de amnistía que afectará a las condenas y sanciones por el referéndum del 1-O y otras causas en las que esté inmerso el independentismo.