Sánchez confía a «expertos» afines elegidos por Moncloa decidir qué noticias se censuran como ‘fake news’
En su sesión de investidura, Pedro Sánchez ya avanzó la intención de vigilar a los medios, bajo el pretexto de poner coto a la «desinformación». La Moncloa ha oficializado la estrategia -como avanzó OKDIARIO- y la ha plasmado en una orden, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El procedimiento permite perseguir a medios digitales o plataformas, entre otros, por la «difusión deliberada» de ‘fake news’ para «influir en la sociedad con fines interesados y espurios». Lo que es o no ‘fake news’ lo decidirán directamente dos de los hombres más próximos a Sánchez: su director de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Pero, además, el socialista otorga poder a asociaciones, colectivos e incluso «expertos» para que colaboren en el procedimiento.
Propuesta de «mitigación»
La orden, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, determina que «se podrá solicitar la colaboración del sector privado» en varias etapas de ese proceso, que se divide en distintos niveles. Por ejemplo, en el primero de ellos, centrado en «la monitorización y vigilancia» de los medios para la detección y seguimiento de las posibles «campañas de desinformación».
Esa evaluación de los medios estará pilotada por la Secretaría de Estado de Comunicación y el Departamento de Seguridad Nacional -en manos de Redondo y Oliver- además de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, el Gabinete de coordinación y estudios Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes.
Pero la orden deja espacio además para que otros actores participen en el debate. En el «sector privado» al que se alude se incluyen medios de comunicación y plataformas digitales, pero también «asociaciones, ONG y aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se considere relevante». La elección de esos «expertos» queda por tanto sujeta al criterio del Gobierno.
Esos «expertos» no sólo podrán participar en la etapa de monitorización. También serán escuchados en el proceso de toma de decisiones y propuestas «de mitigación».
El Ejecutivo da así luz verde a su estrategia para actuar contra la información que considere contraria a sus intereses, bajo el ambiguo pretexto de las ‘fake news’. Un asunto que Sánchez considera prioritario.
El Gobierno creará, para ello, una Comisión Permanente contra la «desinformación», que será coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y presidida de forma ordinaria por el director del Departamento de Seguridad Nacional, que a su vez ejercerá las funciones de Secretaría.
En su exposición, se asegura que el objetivo es «atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de las sociedades europea» con actuaciones para, por ejemplo, incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos; fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil.
También expone la necesidad de abordar la desinformación de «manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la Covid-19».
Moncloa podrá activar campañas de comunicación pública para contrarrestar la supuesta campaña de «desinformación», dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación.
Rechazo de la oposición
La estrategia ya ha recibido la respuesta de los partidos de la oposición. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos de «arrogarse la potestad de decidir» qué es ‘fake news’, algo que ha calificado de «auténtico escándalo». Por eso, le ha emplazado a retirar su orden ministerial.
«¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas? El Gobierno tendrá en frente al PP en defensa de la libertad de información», ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
Desde Vox se ha cargado también duramente contra la comisión creada por el Gobierno socialcomunista, que la formación de Santiago Abascal ha calificado de «Ministerio de la Verdad» cuyo fin es «controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales».
Respuesta de Moncloa
Ante la polémica, desde Moncloa se asegura que este procedimiento «es una respuesta directa a la petición de la UE de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación».
Fuentes de Moncloa afirman que «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país».
«El plan, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, defiende el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información veraz y plural como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias. Su objetivo es precisamente luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio», añaden.
Aseguran que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones».
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