Sánchez acepta tramitar la cuestión de confianza como pago a Puigdemont para salvar el decreto

Pedro Sánchez ha aceptado la tramitación de la proposición no de ley de Junts en la que pide que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza. El jefe del Ejecutivo da vía libre a esta iniciativa, a la que hasta ahora era reticente, tras pactar con el partido de Carles Puigdemont la aprobación de un decreto con algunas de las «medidas sociales» incluidas en el polémico decreto ómnibus, como la revalorización de las pensiones. El acuerdo, además, deja en suspenso la «congelación» de las negociaciones entre ambos partidos, que anunció el propio Puigdemont hace unos días.

La petición de Junts sobre la cuestión de confianza estaba paralizada en la Mesa del Congreso desde el pasado 16 de enero, cuando PSOE y Sumar -que tienen mayoría en el órgano parlamentario- decidieron aplazar la decisión sobre la admisión a trámite de la iniciativa. Esto provocó el enfado de Junts, expresado a través del propio Puigdemont, quien declaró rotas todas las «negociaciones sectoriales» con los socialistas.

Este martes, PSOE y Junts han logrado recomponer sus relaciones, salvando parte de las medidas incluidas en el polémico decreto ómnibus, como la revalorización de las pensiones o mantener las bonificaciones para el transporte público. Sánchez se había negado a trocear el decreto para aprobar uno exclusivo sobre las pensiones, como le reclamaba el Partido Popular, con vistas a seguir negociando con el partido de Puigdemont.

Junts ha anunciado el pacto con los socialistas en un comunicado, después de que el Gobierno decidiera retrasar la reunión del Consejo de Ministros que estaba prevista para este martes a primera hora de la mañana para intentar cerrar su apoyo al decreto.

Los de Carles Puigdemont ya rechazaron el pasado miércoles el decreto en el Congreso y precisamente este martes, su portavoz en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, había avisado que su formación no es la «muleta» del Gobierno y que lo que tiene que hacer el Ejecutivo es «negociar».

Con el voto asegurado de Junts, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que incluye la revalorización de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas al transporte público las ayudas para los afectados por la DANA y el volcán de La Palma. Además, también se recoge la cesión al PNV de un palacete en París, uno de los puntos más polémicos del anterior decreto ómnibus y que había provocado el rechazo del Partido Popular. También se incluye en este decreto la moratoria para los desahucios, en la que se añade la exigencia de los de Puigdemont de que el propietario cobre los meses en los que su casa está ocupada, así como los daños que pudieran haberse acusado en la vivienda.

El partido separatista ha asegurado que quedan fuera todas las medidas tributarias, que prevé negociar más adelante, las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, aquellas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente o la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña. Tampoco se recoge la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal, que «suponía la vulneración de las competencias de Cataluña», según denuncian.

«Hemos llegado a un acuerdo con Junts y lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en el Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros», ha explicado posteriormente Sánchez en rueda de prensa. El socialista ya ha dejado claro, sin embargo, que no se someterá a esa cuestión de confianza.