Sáenz de Santamaría: «Cataluña no puede crear estructuras de Estado porque no lo es»

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha mostrado satisfecha de que el Tribunal Constitucional haya dejado «bien claro» que la Generalitat no puede crear estructuras de Estado, «sencillamente porque no lo es».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta opinó sobre el fallo del Tribunal Constitucional que estima que Cataluña no puede desarrollar estructuras de Estado. Sáenz de Santamaría ha mostrado su «respeto» por la decisión del Tribunal y «satisfacción» por haber tenido «razón constitucional». Asimismo, insistió en que la constitución de estructuras de Estado no cabe dentro del marco constitucional y la sentencia confirma que éstas corresponden «exclusivamente a una entidad: el Estado».

A su juicio, en el reparto constitucional, cada administración tiene una serie de competencias «y lo que ha dejado bien claro el Tribunal Constitucional es que la Generalitat no puede crear estructuras del Estado, sencillamente porque no lo es». Preguntada por si la Generalitat va a cumplir con este fallo, la vicepresidenta ha recomendado, «con toda la humildad», al Gobierno catalán que cumpla con «las amplias competencias» que tiene y «algunas no las está haciendo de manera satisfactoria en favor de los intereses» de sus ciudadanos.

En su opinión, «antes de ponerse a funcionar con esquemas de un Estado, que no lo es, que no puede serlo en nuestro marco constitucional, conviene que repase las competencias que sí tiene y que puede ejercer mucho mejor y estirar sus recursos para ejercerlas mucho mejor». Ha recordado que, en ocasiones, el Tribunal Constitucional no da la razón al Gobierno central y «lo último que hace» el Ejecutivo es no cumplir, por lo que del mismo modo que la Generalitat pide que se cumpla la sentencia del Constitucional cuando no da la razón al Gobierno central, ahora piden ellos que «se respeten esas reglas del juego».

Respecto a si un Gobierno en funciones puede presentar recursos, ha precisado que los abogados del Estado cumplen con su obligación. Si hay una norma que no se ajusta a la Constitución y el Gobierno decide interponer un recurso, ha continuado la vicepresidenta, ellos desarrollan su trabajo de «una forma profesional» y en la Generalitat «pasa exactamente los mismo». Tras señalar que de lo que se trata es de «la primacía de la ley», ha recordado que en su entrevista con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de hace unos meses, le animó a ponerse «más de acuerdo» en los procesos previos a los recursos ante el Constitucional.

Preguntada por el informe del Ministerio de Exteriores sobre la Acción Exterior de la Generalitat y si se va a adjuntar al proceso judicial sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha indicado que, cuando se presentó el recurso, se aportaron «los elementos de prueba necesarios» para determinar los perjuicios que pudiera ocasionar esa Consejería. Se trata de un informe del Ministerio que alerta sobre la diplomacia de la Generalitat y sus efectos.

1,7 millones para los refugiados

El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de cerca de 1,7 millones de euros a las comunidades autónomas para la financiación del programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, al que ya dio luz verde en abril el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde finales de 2015 hasta ahora, España ha acogido a 305 refugiados, 187 de ellos en el marco del programa de reubicación de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Siria (147 han llegado de Grecia y 40 de Italia), y 118 dentro del programa de reasentamiento (57 provenían de Turquía y 61 de Líbano).

Dentro del programa de reubicación, España se ha comprometido con la UE a acoger a 15.888 personas que ya se encuentran en Europa hasta septiembre de 2017, de las que 9.323 vendrán desde Grecia e Italia y otras 6.565 de un origen aun no determinado.

España también ha asumido el compromiso de acoger a otras 1.449 personas en el periodo 2016-2017, dentro del programa de reasentamiento de refugiados ya reconocidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que procedan de terceros países como Turquía, Líbano y Jordania.