La regularización de 1 millón de ilegales incumple las estrategias contra el terrorismo y el crimen organizado

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 23/02/2026 05:45
  • Actualizado: 23/02/2026 07:53

El proceso de regularización exprés y masiva impuesto por el Gobierno -vía real decreto-, que previsiblemente beneficiará a más de un millón de inmigrantes ilegales, desoye las advertencias de Seguridad Nacional sobre la utilización de los flujos migratorios por redes criminales, terroristas y de delincuencia organizada.

Varios documentos vigentes avisan de la necesidad de un mayor control de la inmigración para prevenir riesgos para la seguridad pública. Por el contrario, el Ejecutivo permitirá a los inmigrantes acceder a la regularización únicamente con una «declaración responsable» de la inexistencia de antecedentes penales.

El Gobierno sólo impone dos requisitos a los inmigrantes irregulares para ser regularizados. Se beneficiarán todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran al menos cinco meses en España.

También tendrán que demostrar que carecen de antecedentes penales. El texto del real decreto, como adelantó OKDIARIO, matiza,  no obstante, que los inmigrantes podrán acreditar este extremo con una simple «declaración responsable».

Así, se establece que si la persona extranjera «acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente».

Si transcurrido de nuevo un mes el Ejecutivo no recibe dicha información, «la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países». El Gobierno no realizará en ese caso comprobación alguna y dará por buena la declaración.

El decreto permitirá regularizar a inmigrantes aún inmersos en procesos judiciales y, por tanto, sin condena firme ni antecedentes. Por otro lado, no serán expulsados salvo en caso de cometer delitos cuya pena de cárcel sea superior a un año, según regula el Código Penal.

«La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación», alertan desde el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional.

Esto obliga a «extremar las comprobaciones, cruzar información con bases de datos policiales nacionales e internacionales y realizar verificaciones adicionales que consumen tiempo y recursos. Si no se refuerzan de forma inmediata las plantillas y los medios tecnológicos, el riesgo es que estas comprobaciones se vean limitadas por pura falta de capacidad material».

Seguridad Nacional

El desconocimiento sobre el perfil de los inmigrantes que opten a la regularización es así, pues, un hecho. Varios documentos de Seguridad Nacional vinculan la inmigración con distintos riesgos.

La Estrategia Nacional contra el Terrorismo detalla por ejemplo que «la crisis multidimensional del Sahel afecta indefectiblemente a la estabilidad en la zona y, de manera directa, a los intereses nacionales de España, especialmente en lo que se refiere a la amenaza terrorista y al aumento de los flujos migratorios irregulares que pueden ser aprovechados por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos».

«Por ello, España considera que los esfuerzos en la lucha antiterrorista en esta región deben centrarse en misiones de adiestramiento enfocadas a capacitar a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad locales para la contención del terrorismo, así como en la mejora de los sistemas de control migratorio». 

Por otro lado, la última Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, aprobada en julio de 2025, también destaca que España es «uno de los países que soporta mayor presión migratoria de la UE» y que ésta es «explotada por las redes criminales de inmigración irregular».

En este contexto, se alerta que la actividad de las redes de inmigración irregular «expone a nuestro país a varios riesgos» al constituir «una posible herramienta de desestabilización de las instituciones», o bien «que la situación de vulnerabilidad de los migrantes irregulares sea explotada en procesos de radicalización o que la inmigración irregular pueda ser utilizada para la penetración de elementos terroristas».

La estrategia incide en que «las redes de tráfico irregular de personas, además de atentar contra colectivos especialmente vulnerables, son un catalizador para otras actividades transfronterizas de delincuencia organizada y representan una seria amenaza para la seguridad de nuestro país y del conjunto de la UE».

«Así, las redes de inmigración irregular optimizan sus plataformas criminales para vehicular a través suyo todo tipo de tráficos ilícitos y favorecer la trata de seres humanos, principalmente para la explotación sexual y laboral». Por ello, reclama que se aseguren «políticas de inmigración efectivas».

También el último informe de Seguridad Nacional, relativo a 2024, avisa de la necesidad del «control de fronteras, la vigilancia y el seguimiento a través de inteligencia» para la «detección» de inmigrantes radicalizados.