Rajoy a Puigdemont: «El 155 es legítimo por su incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la ley»

El requerimiento que el presidente Mariano Rajoy ha remitido a Carles Puigdemont advierte que aplicará el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña, si no revoca en el plazo de una semana la declaración de independencia firmada el martes en el Parlament.

Aplicar el artículo 155 de la Constitución, añade el escrito, es una fórmula legítima ante el «incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado del orden constitucional» que supone la decisión de una parte del Parlament de «constituir una república independiente del Estado español».

El documento de ocho folios, que ya ha sido recibido oficialmente en el Palau de la Generalitat, enumera todas las ilegalidades en las que han incurrido durante los últimos meses tanto Carles Puigdemont como la mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell.

Y concede a Puigdemont dos plazos para restituir el orden constitucional. En primer lugar, debe aclarar por escrito antes de las 10 de la mañana del próximo lunes, 16 de octubre, si «alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlament implica la declaración de independencia al margen de que ésta se encuentre o no en vigor».

«Constituimos la República catalana»

En este primer apartado del requerimiento, Puigdemont se verá obligado a retratarse y abandonar la deliberada ambigüedad a la que ha jugado hasta ahora. En la sesión del martes, Puigdemont anunció que «asume» del mandato democrático de declarar la independencia de Cataluña, de acuerdo con los resultados del referéndum ilegal celebrado al margen de cualquier garantía democrática, pero añadió que propondrá a la Cámara suspender los efectos de la declaración.

A continuación, firmó junto a los representantes de Junts pel Sí y la CUP el documento en el que afirman: «Constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano, de Derecho, democrático y social». Solemnemente, ponen en conocimiento de «la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana» y solicitan al Gobierno español que abra una negociación «en pie de igualdad».

Sobre el papel, se trata del acta constituyente de la República catalana, aunque el Parlament ni la ha aprobado con sus votos, ni ha acordado suspenderla, como anunció Puigdemont. De este modo, puede presumir ante los suyos de que ha declarado la independencia de Cataluña, y al mismo tiempo podrá negarlo ante cualquier juez. Es por tanto el penúltimo engaño de Carles Puigdemont.

Según el requerimiento que hoy le ha enviado Rajoy, es indiferente que la declaración haya quedado o no es suspenso: Puigdemont debe aclarar antes del lunes si «ha declarado la independencia de Cataluña».

Una semana para anular la independencia

En caso de que la respuesta sea afirmativa, o si el presidente de la Generalitat elude contestar en el plazo previsto, o si su respuesta va más allá de un sí o un no, Rajoy le concede un segundo plazo para que, antes de las 10 de la mañana del miércoles 19 de octubre, «revoque la declaración de independencia a fin de restablecer el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del proceso» tendente a declarar Cataluña como un «Estado independiente del resto de España».

Rajoy advierte a Puigdemont que, si no cumple este requerimiento, propondrá al Senado que adopte las medidas necesarias para «restaurar el orden constitucional y estatutario vulnerado», aplicando el artículo 155 de la Constitución que establece el mecanismo para que el Gobierno tome el control de una Comunidad autónoma. El PP tiene una holgada mayoría absoluta de 130 escaños para aprobar en el Senado esta medida, que además contaría con el respaldo de Ciudadanos y, muy probablemente, del PSOE.

La carta remitida desde La Moncloa enumera con las siguientes palabras todas las ilegalidades cometidas en la celebración del referéndum del 1-O: «Rota la neutralidad exigible a cualquier poder público, eliminada la separación de poderes por el incumplimiento sistemático de las sentencias judiciales, quebrados los derechos de los ciudadanos por la utilización de sus datos personales al margen de cualquier garantía, el resultado de la pretendida culminación del proceso secesionista es la creación de un grave riesgo para la convivencia democrática, del funcionamiento de las instituciones y del orden constitucional».

La Generalitat celebró un referéndum «ilegal, carente de cualquier garantía, sin censo, sin administración electoral independiente, sin control judicial, sin campaña institucional imparcial», con la finalidad «previamente establecida de declarar la independencia de Cataluña, en una actuación sin precedentes en el contexto europeo o en cualquier democracia avanzada».

Huérfanos de apoyo internacional

El Gobierno de Rajoy recuerda que Carles Puigdemont siguió adelante con su «desafío secesionista», a pesar de que el Tribunal Constitucional suspendió tanto la Ley 19/2017 de convocatoria del referéndum, aprobada por el Parlament el 6 de septiembre, como la llamada Ley 20/2017 de «transitoriedad jurídica y fundacional de la República» catalana aprobada dos días después.

Al respecto, Rajoy señala que la actuación del presidente de la Generalitat y de la mesa del Parlament «no sólo carecen de cualquier apoyo en el Derecho Internacional, sino que son un ataque frontal a éste». La ONU no prevé el ejercicio del «derecho de autodeterminación de una parte de un territorio en el que impere el Estado de Derecho, como lo es el caso del territorio español».

Además, la propia Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la llamada «Comisión de Venecia») ya advirtió en su carta dirigida el pasado 2 de junio a la Generalitat que un referéndum de independencia sólo puede ser «convocado y celebrado con completo cumplimiento de la Constitución».