La querella del PP contra Torra no tendrá éxito
Quim Torra, a estas alturas, ya tiene información de que la causa que ha abierto el Partido Popular contra su persona ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene poco recorrido. También sobre este particular le dio garantías Pedro Sánchez. Algunos magistrados independientes del Supremo indican que, efectivamente, los fiscales no van a hacer leña con este asunto. Uno de los ellos afirma al cronista que, quizá, el PP se ha tirado a una piscina sin agua. Para el PP sería un éxito que el Tribunal tomara en consideración la querella, pero incluso algunos juristas del partido dudan mucho que esto se produzca. Técnicamente -me dicen- no parece existir mucho fundamento. La idea de presentarla ha sido del que es ahora mismo responsable del Área de Justicia del PP, Enrique López, un juez que es también consejero del Gobierno de Ayuso en Madrid y que está decidido a llevar a los tribunales todas las iniciativas del Gobierno que rocen o traspasen la ilegalidad.
Algo que a Sánchez no le importa nada. En su reunión con Torra, que no ha sido precisamente un trámite, le prometió poner freno inmediato a todos los recursos contra las decisiones no sólo del Gobierno de la Generalidad, sino incluso del Parlamento que preside Roger Torrent. Curiosamente, este compromiso formal, según se apunta desde Barcelona, ha quedado diluido entre las mil y una promesas de Sánchez a cambio de un solo objetivo: que los sediciosos le aprueben antes del verano los Presupuestos.
A este fin doblegará Sánchez todos los ofrecimientos que realizó ante el país entero en la pasada campaña electoral. En el Supremo sugieren a este respecto que, si finalmente el Gobierno de la Nación margina las vías judiciales y hace «sólo política», tal y como el presidente del Frente Popular declaró en el propio Palacio de la Generalidad, el «Estado -esto es literal- se quedará peligrosamente desmantelado».
Ahora mismo existe en el Poder Judicial una muy seria preocupación por la deriva irresponsable que está tomando Sánchez. Dicen literalmente que se percibe «una gran pérdida de institucionalidad» en los comportamientos del jefe del Gobierno. ¿Qué se pretende denunciar con la utilización de estos términos ambiguos? Pues que Sánchez no respeta en absoluto las formas con que los responsables políticos tienen que comportarse en una democracia, más concretamente en esta Monarquía Parlamentaria. Citan los continuos desaires al Rey que están perjudicando seriamente las actividades del propio Monarca.
Todo el mundo tiene dudas de que el presidente crea que el Poder Judicial es uno de los baluartes imprescindibles del funcionamiento de un Estado de Derecho, menos aún tras la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, un nombramiento que en todos los órganos decisivos del Estado, desde el Tribunal Constitucional al mismo Consejo General del Poder Judicial, ha parecido no ya un error sino algo más: una auténtica provocación.
En pocos días deberá presentarse la Memoria del Año Judicial en una sesión solemne que también presidirá el Rey y en la cual Felipe VI pronunciará otro discurso, una nueva intervención pública que, como todas últimamente, se espera con enorme expectación. Antes de esa presentación lo habitual es que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ofrezca personalmente al del Gobierno una primicia del texto que luego leerá de forma pública. Dicen algunos juristas consultados por este cronista que esa es una ocasión de oro para que Sánchez tranquilice a los protagonistas de la Justicia y afirme su voluntad de no relegar institucionalmente al Poder Judicial.
Otros, sin embargo, aseguran que, aunque efectúe una proclamación firme de su respeto a la independencia, ya nadie se lo va a creer: «Cuando un presidente del Gobierno de España se compromete a no utilizar las vías judiciales y además anuncia la reforma del Código Penal para beneficiar únicamente a los independentistas, ¿qué valor puede dársele a unas palabras de trámite?». Están en lo cierto: ninguno.
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