Puigdemont se enfrentaría a una pena máxima de 12 años y el resto de golpistas de hasta 30 años

Carles Puigdemont se enfrentaría a una pena máxima de 12 años por un delito de malversación agravada de caudales públicos si la justicia alemana le entrega por este delito y el Tribunal Supremo lo acepta, mientras que el resto de procesados de su Govern se enfrentaría a una condena de hasta 30 años por delitos de rebelión y malversación.

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido este jueves extraditar a España al expresidente catalán por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión

El delito de rebelión castiga a quienes se levanten «violenta y públicamente» para, entre otros objetivos, «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional», a penas de entre 15 y 25 años de prisión.

Por su parte, el delito de malversación de caudales públicos castiga a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, a la pena de prisión de dos a 8 años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años. La malversación agravada de caudales públicos está castigada con hasta 12 años de cárcel, sería el delito del que se acusaría a Puigdemont.

Según el Código Penal, en los casos en los que la malversación de fondos públicos supera los 250.000 euros, este delito adquiere una faceta de mayor gravedad y la pena de cárcel aumenta hasta los 12 años.

Cabe destacar que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, procesaba en su auto a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Antoni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Josep Rull, por delitos de rebelión y  malversación. Esta pena oscilaría entre los 25 y los 30 años de prisión.

Mientas tanto, al expresidente de ANC, Jordi Sànchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, al no acusarles de malversación su pena sería de entre 15 y 25 años.

El magistrado Pablo Llarena deberá recibir la notificación de la justicia alemana y valorar si acepta la entrega de Puigdemont sólo por malversación.