Puigdemont encargó en abril un informe para acordar el referéndum con el Estado

El presidente catalán, Carles Puigdemont, encargó en abril pasado al director del Instituto de Estudios del Autogobierno, Carles Viver i Pi-Sunyer, un informe sobre un eventual referéndum de independencia pactado con el Estado, para analizar las claves para un posible acuerdo con el Gobierno.

Así lo ha explicado el que fuera magistrado del Tribunal Constitucional (TC) en su comparecencia, junto al secretario para el Desarrollo del Autogobierno, Víctor Cullell, en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para informar sobre las tareas encomendadas por el Govern relacionadas con el proceso soberanista.

Pi-Sunyer, que fue presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) y ahora dirige el Instituto para el Desarrollo del Autogobierno, ha detallado los informes solicitados la Generalitat a su organismo en los últimos meses.

Así, el pasado abril, ha explicado, Puigdemont le encargó «un informe sobre un eventual referéndum sobre la independencia de acuerdo con el Estado, donde se analizaban las cuestiones más relevantes a tener en cuenta al buscar el acuerdo».

Meses después, en septiembre, el presidente catalán solicitó su opinión sobre los «procedimientos a través de los cuales la ciudadanía podía manifestar su voluntad sobre la creación de un estado» independiente.

En otro informe de hace un mes, Pi-Sunyer le planteó que «con toda probabilidad la convocatoria de un referéndum exigiría la previa reforma de la Constitución, de éxito improbable». «Veo más difícil poder hacer un referéndum previa reforma de la Constitución que lograr la independencia», ha reconocido ante los diputados.

Ante las preguntas de algunos diputados, el ex magistrado ha «desmentido» que el Govern le haya pedido un informe sobre un eventual DNI catalán. «Y yo tampoco, desde el punto de vista de la iniciativa propia, he hecho informe alguno», ha apuntado.

Y sobre el coste del Instituto de Estudios de Autogobierno, lo ha cifrado en 1,04 millones anuales, puesto que en 2016 gastó 240.000 euros en actividades y 797.000 euros en el capítulo de personal, ha apuntado Pi-Sunyer, que ha recibido duras críticas de la oposición.

Por su parte, Cullell ha incidido en lo que ha llamado «ofensiva judicial del Estado contra Cataluña» y en el «recorte» del autogobierno catalán en varios ámbitos, lo que ha llevado, ha asegurado, a que el documento de 46 puntos que Puigdemont entregó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en abril, no haya «parado de crecer».

Desde C’s, Carlos Carrizosa ha cargado contra «los arquitectos de la desconexión que juegan a construir un estado», y ha instado a Pi-Sunyer a renunciar a la Orden del Mérito Constitucional y la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica, que recibió como magistrado del TC, por su «lealtad acrisolada a España», distinciones a las que Pi-Sunyer ha dejado claro que «no renunciará».