Puig estrecha el cerco lingüístico: gasta 100.000 € en una encuesta para ‘marcar’ a los funcionarios

El gobierno  de la Comunidad Valenciana evaluará qué conocimiento de valenciano tiene la administración pública. En su proyecto de imposición lingüística, el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig con la nacionalista Mónica Oltra como vicepresidenta e impulsora de la catalanización de la Educación y la Función Pública, el nuevo paso es examinar sobre el nivel de ‘valenciá’ (para los nacionalistas no existe diferencia con el catalán) que tienen los funcionarios de sus tres provincias: Valencia, Alicante y Castellón.

Con este fin, la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha sacado a licitación este miércoles la realización de una encuesta sobre el uso y conocimiento de la misma de los trabajadores públicos. La Generalitat Valenciana se gastará 98.500 euros (sin IVA) en el estudio.

La resolución aparece publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, y en ella, como es habitual en la documentación oficial, se cuidan de la denominación de la lengua sobre la que PSPV-PSOE y Compromís (con la colaboración de Podemos, también cercana al pancatalanismo) se informa sobre el objeto del contrato: «Encuesta sobre el uso y conocimiento del valenciano en la Administración local valenciana» y del plazo para realizarla, «de tres meses una vez se produzca la adjudicación».

Una encuesta para conocer el nivel de los funcionarios de la administración y señalarles por su dominio del valenciano, cuya imposición en la vida de esta comunidad con mayoría de castellano-parlantes se ha convertido en una de los objetivos de la dictadura lingüística del bipartito.

La Generalitat Valenciana continúa así con su intento de introducir esta lengua en ámbitos oficiales. PSPV-PSOE, Compromís y Podemos ya aprobaron en septiembre por vía urgente el llamado ‘decretazo’ del pluirilingüismo con el voto en contra del PP y la ausencia de Ciudadanos. Un decreto que la impone desde primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (niños de 3 años) y que fue suspendido por el Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana (TSJCV).