España

El PSOE rechaza la ofensiva del PP para convencer a sus barones

Ni el acercamiento de los últimos días entre PP y Ciudadanos ni tampoco la operación de Génova para convencer a los barones socialistas de la abstención han tenido efecto en la dirección del PSOE. Los socialistas han zanjado este viernes cualquier duda sobre un posible apoyo a la investidura y, de paso, reclamar «autonomía» en sus decisiones. 

“No va a haber ningún dirigente del PSOE que cambie de opinión porque no hay ninguno que quiera indultar a Rajoy”, ha advertido este viernes el portavoz parlamentario, Antonio Hernando.  El socialista ha avisado al PP de que no aceptarán “consejos ni advertencias” para “quebrar la voluntad” de sus dirigentes. “Los socialistas vamos a seguir unidos en el ‘no’ a Rajoy, le pese a quien le pese”, ha asegurado. 

El Partido Popular ha pasado en las últimas horas a la ofensiva para arrancar el apoyo socialista en el Congreso, vista la negativa de Sánchez a abrir un canal de diálogo que sí se ha establecido con Rivera. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, uno de los miembros más activos de la cúpula de Génova, apeló este jueves directamente a los barones socialistas a desmarcarse de su secretario general. 

«Está muy bien como barón territorial decir lo que no se puede hacer o decir al secretario general o a sus círculos más íntimos. Pero en el Comité Federal ellos también tienen que votar a favor de que haya un desbloqueo”, dijo en declaraciones a los periodistas, en Ávila. Se refería, con ello, a los presidentes autonómicos que, en varias ocasiones, se han mostrado partidarios de la abstención. 

Las presiones no llegaron únicamente del lado popular. Destacados socialistas como los expresidentes Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Parlamento Europeo José Borrell o al exministro José Bono, se han mostrado en los últimos días favorables a buscar una solución para superar el bloqueo político. El último, este mismo viernes, Alfonso Guerra, para quien la fórmula más idónea sería una abstención colectiva de todos los grupos del Congreso.

«No nos van a quebrar; ni apoyaremos ni nos abstendremos», ha insistido Hernando. El portavoz socialista ha reafirmado que la postura que el PSOE aplicará en una hipotética investidura de Rajoy será la que salió del último comité federal, el 9 de julio.  «Mariano Rajoy debía preguntarse el porqué de su soledad», ha subrayado Hernando, que ha avalado básicamente en la corrupción y las políticas de la última legislatura el ‘no’ de su partido. Así, pues, el PSOE solo espera ahora la fecha de convocatoria de la sesión de investidura, que corresponde fijar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Denuncian «maniobras» a través  de Hacienda

El PSOE rechaza cualquier injerencia en la postura salida de su último cónclave. Sus dirigentes rechazan presiones. En especial, como ha señalado Hernando, las del departamento de Montoro. «Denunciamos las maniobras contra el PSOE, sobre todo del Ministerio de Hacienda, que quiere incumplir con los pagos y transferencias comprometidos con las comunidades autónomas. A quien el señor Rajoy hace daño con sus incumplimientos es a los ciudadanos de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, Valencia y Aragón, no a los socialistas», ha señalado.

Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido al PSOE de que es un acuerdo que condiciona la financiación de las Comunidades Autónomas y no admite enmiendas.

En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha señalado que se trata de un acuerdo, que aunque pudiera aprobar el Ejecutivo en funciones por vía de urgencia, fija la financiación de las autonomías y el margen que deben tener las administraciones públicas. «Cómo podemos fijar las liquidaciones negativas en la parte correspondiente a su financiación», se ha preguntado la vicepresidenta al mismo tiempo que ha dicho que la ley es «taxativa» en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado.

Ha pedido ir por la vía del derecho y formar un Gobierno que pueda aprobar con plena capacidad la organización de la financiación de las comunidades, ya que «algunas tienen serios problemas, como se conoce muy bien».