El PSOE quiso en 2017 cambiar la ley para prohibir los indultos sin aval del tribunal sentenciador

Corría 2016 cuando el PSOE presentó una proposición para cambiar la Ley del indulto de 1870. En febrero de 2017, el Congreso de los Diputados aprobaba por una mayoría casi total, con 343 síes y sólo un no, la tramitación de la ley. Pero desde entonces, se van a cumplir cuatro años, la reforma duerme el sueño de los justos en un cajón. El motivo es que uno de los apartados de la nueva ley incluye que los indultos totales sólo se puedan otorgar con el informe favorable del tribunal sentenciador.

Para el partido liderado por Pedro Sánchez ése es un grave problema, pues son absolutamente conscientes de que el informe del órgano sentenciado del Procés, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, va a informar en contra de otorgar la medida de gracia a los condenados. De hecho, el Consejo de Ministros se va a encontrar con dos informes contrarios, tanto el del Supremo como el de la Fiscalía General del Estado.

Cuando el PSOE presentó la reforma también incluyó otro apartado que ahora molesta, pues con la nueva ley sería obligado «exigir que todo indulto, sea total o parcial, se acompañe de la expresión concreta de las razones que conducen al Gobierno a concederlo; esto es, a exigir que los Reales Decretos de indulto sean motivados». El partido de Sánchez hablaba entonces de «evitar la arbitrariedad» de los gobiernos a la hora de conceder los indultos.

Sin embargo, ahora aquellas palabras han desaparecido, pues con la ley de 1870 el Gobierno no está obligado a informar a los españoles de por qué toma la decisión de conceder un indulto. Otro cantar es el Tribunal Supremo, pues si se recurre ante la Sala Tercera -Contencioso- dicho indulto, y el Gobierno no da las explicaciones oportunas, podría ser acusado de prevaricación, como explicó OKDIARIO.

Aquella reforma, que los socialistas presentaron antes de que sucedieran los graves hechos de Cataluña en octubre de 2017, contaba con una tercera pata que el Partido Popular quiso incluir a posteriori de lo sucedido en Cataluña. El PP quería prohibir por ley que se pudiera indultar a las personas condenadas por sedición y rebelión, añadiendo así estos dos delitos a los que ya estaban previstos: violencia de género y corrupción.

Cambios de postura

Pero la postura del PSOE ha cambiado y varios ministros socialistas andan deslizando en público que ahora el Gobierno no ve con malos ojos indultar a los condenados, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los ex consejeros del Gobierno catalán Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquim Forn, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxel Borrás; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Es más, la propia vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hace referencia al punto que su partido quería cambiar, pero que ya no quieren porque les impediría indultar a los doce condenados del Procés. Calvo dijo en una entrevista, en la que fue preguntada por los informes contrarios a los indultos de los cuatro fiscales del 1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno que, la medida de gracia «está absolutamente normada y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes».

Pero la vicepresidenta no ha sido la única del Ejecutivo que ha salido a la palestra para tratar de justificar la concesión de los indultos. El ministro de Transportes José Luis Ábalos fue el primero en decir que tienen: «la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia».

las declaraciones sobre los indultos por parte de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez vienen de largo. Ya en septiembre, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmaba que: «Si puede ayudar a un conflicto político como efecto transversal, me parece maravilloso».

Y este mismo miércoles, Campo ha dicho que la tramitación de los mismos se hará durante el primer semestre de 2021. Desde el independentismo querían que el Consejo de Ministros decidiera antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, pero los tiempos judiciales no son los políticos, y se prevé que el dictamen final del Tribunal Supremo llegue a la mesa del Gobierno superada esa fecha.

Desde hace ya tiempo, diferentes ministros socialistas han salido públicamente para allanar el camino. Sus socios de Gobierno, los ministros de Podemos, directamente apuestan por conceder la medida de gracia a los doce condenados que están en prisión por un delitos de sedición en concurso con otro de malversación de caudales públicos.