El Gobierno prevaricará si no motiva “la utilidad pública” de los indultos a los condenados del 1-O

La posible concesión del indulto a los condenados por sedición en el 1-O podría volverse en contra del Gobierno de Pedro Sánchez si, finalmente, decide otorgarlo. La medida de gracia no sólo es recurrible por las partes, en este caso por la Fiscalía General del Estado, la acusación popular ejercida por Vox y la Abogacía del Estado, sino que puede ser recurrida por cualquiera. Además, si no está absolutamente motivada “la utilidad pública”, único motivo con el que cuenta el Gobierno para concederlo, los firmantes podrían incurrir en un delito de prevaricación.

Según las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, si el Consejo de Ministros concede el indulto, pero no lo motiva más allá de explicar someramente los hechos en los que basen su dictamen, cualquier español, no sólo los que han intervenido en el juicio, puede recurrir la concesión del indulto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo -Contencioso- y, además, podría perfectamente interponer una querella por prevaricación ante la Sala Segunda -Penal- del Alto Tribunal.

De hecho, y a este respecto, desde el Partido Popular de Pablo Casado ya han anunciado que, en el caso de que el Gobierno conceda la medida de gracia a los doce condenados por el Procés, interpondrán un recurso ante el Supremo porque consideran que los indultos “son ilegales”.

En cuanto a las motivaciones que podría argumentar el Consejo de Ministros para concederlos, las fuentes consultadas explican que sólo podría hacerlo a través de la utilidad pública. Y es en ese punto dónde le viene el problema al Gobierno de Pedro Sánchez, pues dejar negro sobre blanco por qué creen que es de utilidad pública conceder un indulto a 12 personas que han cometido uno de los delitos más graves que recoge el Código Penal no es nada sencillo jurídicamente hablando y, políticamente, les supondrá un revés difícil de solventar.

Es más, la explicación necesaria es tan compleja que, sin siquiera tener el informe del Supremo a favor o en contra de la concesión, varios dirigentes socialistas ya han comenzado a defender esa línea. Como ejemplo, las declaraciones del ministro de Transportes José Luis Ábalos, quien aseveró que “el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia”.

Y añadió que “corregir algunos desfases del Código Penal permitirá su equiparación con los de otros países” del entorno, donde “un delito equivalente al de una sedición no protagonizada por militares no es castigado con más de cuatro años de cárcel”.

Ábalos no ha sido el único miembro del Ejecutivo que ha salido en público deslizando la posibilidad de conceder los indultos, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, también ha apoyado esa posibilidad mientras que, además, ha atacado a los fiscales del 1-O Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno por el contenido de sus informes, todos ellos contrarios a la concesión de los indultos.

Así, Calvo declaró en una entrevista que “a cada quien le corresponde su parte: al Ministerio fiscal emitir su informe, a la sala también y al Consejo de Ministros tomar la decisión”, y añadió que la concesión de la medida de gracia, “está absolutamente normada y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes”, en clara referencia a los informes del Ministerio Público.

Fiscalía vs Gobierno

Las palabras de Ábalos y de, sobre todo, Carmen Calvo, chocan frontalmente con lo dicho por los cuatro fiscales quienes en sus escritos aseveraban que: “una de las condiciones mínimamente exigibles para su otorgamiento es la constatación de una aceptación manifiesta de la responsabilidad por el delito cometido y el decidido propósito de no reincidir como muestras de acatamiento a la legalidad conculcada”, pero que “ninguna de estas circunstancias se ha acreditado en el presente caso”.

Los cuatro fiscales de Sala del Supremo le recordaron al tribunal, que debe emitir el informe final para el Gobierno, que: “ninguna de esas conductas se ha constatado. Ni el condenado ha aceptado su responsabilidad o ha exteriorizado su rechazo por el delito cometido, ni ha reconocido el carácter delictivo de los hechos, ni ha mostrado arrepentimiento alguno”.

Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno mostraron en doce informes su frontal oposición a todas y cada una de las peticiones. En este caso las del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los ex consejeros del Gobierno catalán Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; Josep Rull y Joaquim Forn, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxel Borrás; la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.