PSOE, Podemos, IU y CHA aprueban subir los impuestos en Aragón para mantener los servicios públicos

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy la ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos, que incluye una subida de impuestos, con los votos de PSOE, CHA, Podemos e IU y el rechazo del PP, PAR y Ciudadanos, al considerar que sitúa a Aragón a la cabeza en presión fiscal.

Se trata de una ley con la que se pretenden recaudar unos cien millones de euros más al año que va a permitir actuar con suficiencia financiera en los servicios y marcan un compromiso para que sea así a lo largo de la legislatura, según ha manifestado el diputado socialista Alfredo Sancho, coordinador de la ponencia que ha estudiado el proyecto de ley.

La ley incluye modificaciones en el tramo autonómico del IRPF, con aumentos progresivos a partir de ingresos de más de 50.000 euros, en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio y que crea el de hidrocarburos y también impuestos ambientales que gravarán el transporte por cable —aunque se pretende aplazar su aplicación—, las líneas eléctricas de alta tensión y los embalses.

Para el portavoz del PP, Antonio Suárez, se trata de un «subidón» que va a tener efectos negativos en sectores de actividad y, gracias a las enmiendas de Podemos, el aumento del IRPF va a afectar a las clases medias, mientras no se reduce para quienes ganan menos ni se sube a quienes perciben más de 130.000 euros.

Elena Allué, del PAR, ha señalado que la nueva ley va a contribuir a que Aragón sea una de las comunidades con mayor presión fiscal de España y Javier Martínez, de Ciudadanos, ha insistido en que la propuesta incrementa la presión fiscal a las renta medias, no incluye medidas progresivas e hipoteca el futuro porque no favorece la activación económica.

Sin embargo, Héctor Vicente, de Podemos, ha insistido en que aumentar el tramo autonómico del IRPF a quienes ganan más de 50.000 euros no afecta a la mayoría de ciudadanos y ha defendido la adecuada financiación del estado de bienestar en Aragón.

Patricia Luquin, de IU, ha criticado el alarmismo de PP, PAR y Ciudadanos como si viniera el «apocalipsis», y Gregorio Briz, de CHA, ha recalcado que no es una reforma excesivamente radicalizada y que sin ella no había posibilidad de llevar a cabo las prioridades presupuestarias del Gobierno