España

El PSOE lanza en Barcelona una oferta de empleo público como administrativo sólo para trans

El Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), gobernado por la socialista Rosa Boladeras (Força Corbera-PSC), ha convocado una oferta de empleo público para cubrir una plaza de auxiliar administrativo: lo llamativo es que la convocatoria en cuestión va dirigida única y exclusivamente a «personas trans», como se advierte en el mismo enunciado de la oferta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La convocatoria que hace referencia a los trans se incluye en la red Xaloc, una plataforma de empleo público que coordina a su vez la Diputación de Barcelona, presidida también por el PSC. Esta red gestiona las ofertas de empleo en los municipios a través de un tejido de Servicios Locales de Ocupación. Para acceder a ellas, es preciso registrarse en la web impulsada por el ente supramunicipal.

La oferta busca en concreto a un/a auxiliar administrativo/a para tareas de atención al público. Entre sus funciones estará la gestión de instancias y expedientes electrónicos, además de prestar apoyo en la gestión de subvenciones. Entre los requisitos, el solicitante debe estar en situación de desempleo, además de poseer el graduado escolar, en ESO, FP o un ciclo formativo, tener un nivel medio de manejo de los sistemas Word y Excel y «capacidad de trabajo en equipo, habilidades comunicativas y organización».

Finalmente, se indica como «capacidad requerida» que «la convocatoria está dirigida a personas trans». El salario es de 1.634 euros mensuales y el horario, de 8 a 15 horas.

La atención preferente al colectivo trans a la hora de acceder a un trabajo ya fue motivo de polémica con la entrada en vigor de la Ley de Empleo, el pasado marzo. La norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo, incluye a las personas LGTBI, «en particular a las personas trans», dentro de los colectivos de atención prioritaria. En este grupo se encuentran, por ejemplo, los desempleados de larga duración o las personas con discapacidad.

Entre otros, la consideración de colectivo de «atención prioritaria» permite acceder a «programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad».

Los trans y el empleo público

La polémica es cómo se acreditará esa condición y, especialmente, cómo puede comprobarlo la Administración, teniendo en cuenta que se trata de una información que pertenece a la esfera íntima. En su día, desde el Ministerio de Trabajo se aseguró, a preguntas de OKDIARIO, que el interesado podría acreditarlo mediante una «declaración responsable» pero admitía también que no se habían previsto los mecanismos para evitar el fraude

Además de las personas LGTBI «en especial trans», forman parte de este grupo:

Desde Trabajo explicaron que «la consideración a efectos de colectivo prioritario trata de ayudar en aquellos casos en que la pertenencia al colectivo LGTBI pudiera causar algún tipo de discriminación a la hora de acceder al empleo y así lo pusiera de manifiesto la persona interesada».

No obstante, admitieron también que «ningún ciudadano o ciudadana en el SEPE, ni en el marco del Sistema Nacional de Empleo tiene que manifestar su pertenencia a cualquiera de los colectivos LGTBI ni, por supuesto, manifestar su identidad u orientación sexual, excepto que la misma persona interesada considere que sea importante compartir esta cuestión, en un proceso de atención personalizada con su orientador u orientadora». Este tipo de datos especialmente protegidos, añaden, «no constan ni deben constar en ningún tipo de registro».

Manifestar esa condición permitirá, por ejemplo, acceder a determinados programas «que imparten directamente en su seno acciones de mejora de la empleabilidad del colectivo, tratándose de programas específicos y especializados como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo».

Como publicó OKDIARIO, otros colectivos, como por ejemplo, las víctimas del terrorismo, sí tienen que acreditar esta condición mediante un certificado firmado por la dirección general de víctimas del terrorismo, del Ministerio del Interior.