El PSOE descarta reformar la Ley de Amnistía y carga contra el Supremo: «No está para opinar de leyes»

El PSOE pone en la diana a los magistrados del Tribunal Supremo por «meterse en el terreno político». Por «politizar la justicia», según fuentes socialistas. «El Supremo no está para opinar de leyes», advertían este lunes en el PSOE. Todo por la decisión del juez Pablo Llarena, que ha rechazado aplicar la Ley de Amnistía en lo que afecta a la malversación a los condenados del procés. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ex presidente y ex vicepresidente del Govern, son los dos principales afectados por esta decisión del alto tribunal que ha generado críticas tanto en el partido que gobierna como de sus socios, que sostienen que no van a reformar la norma.

El enfado con el Supremo en las filas del PSOE es notorio y evidente. Ferraz, que en los últimos meses ha aumentado el tono de sus críticas a los jueces, asegura que discrepa con los argumentos aportados por el Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a los delitos de malversación en el procés y además le acusa de hacer consideraciones políticas «sorprendentes e innecesarias». Aunque consideran una buena noticia que el Supremo no cuestione ni la «constitucionalidad general» de la amnistía ni su compatibilidad con el derecho de la UE, sí advierten que «no deben hacer política».

«No entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el Supremo, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada» afirmaban este lunes en el PSOE como respuesta a la decisión judicial. «Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas», apunta el principal partido que sostiene el Gobierno y que lidera el presidente, Pedro Sánchez.

Sobre el contenido de las resoluciones, recuerdan el artículo 1.4 de la Ley de Amnistía que a su juicio resulta «clarísimo»: «No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial».

El PSOE subraya además que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía Europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE. Además, señalan que tienen absoluta confianza en el Estado de derecho de España, que tiene un sistema garantista en el que se aplican las leyes «democráticamente aprobadas» en las Cortes Generales. En este sentido, recuerdan que hay otros tribunales como el Superior de Justicia de Cataluña que ya ha aplicado la amnistía en el caso del ex conseller de Interior, Miquel Buch, o el escolta de los Mossos a servicio de Puigdemont, Lluís Miquel Escolà.

«El Supremo no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, el Supremo renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE», recuerdan en el Partido Socialista.

Los magistrados que juzgaron el procés en el Tribunal Supremo, tras tres semanas de dudas, rechazaron amnistiar la malversación al ex presidente del Govern, Carles Puigdemont, y al ex vicepresidente Oriol Junqueras así como al resto de condenados por el 1-O. El juez instructor, Pablo Llarena, también acordó mantener la orden de detención contra el candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat, que según fuentes de su partido sigue manteniendo su compromiso de volver a Cataluña en caso de someterse a un debate de investidura den el Parlament.

La decisión de los magistrados del Supremo, pues, supone un golpe en toda regla a las aspiraciones de los separatistas que, en el caso de Junts, votaron  en enero en contra de la Ley de Amnistía en la primera votación y la devolvieron a la comisión de Justicia para dar más garantías en su aplicación. Retrasando así la aprobación definitiva en las Cortes y su posterior entrada en vigor.

Junts modula sus críticas al PSOE

Aunque algunas fuentes de Junts, nada más conocerse la decisión del Supremo, reconocían que «nos han colado un gol», en referencia al PSOE y a las garantías que les ofrecía la ley, a medida que avanzaba el día suavizaban sus palabras. E incluso una fuente muy autorizada, con gran peso en la dirección, apuntaba que «la ley está bien, los que no están bien y hacen de Tejeros con toga con los del Supremo». Sí admitían, sin embargo, que la cuestión de la malversación generó fricciones durante la negociación.

Junts, que se tomó unas cuantas horas antes de valorar en público la decisión, con palabras de su secretario general, Jordi Turull, ha querido cargar todo el peso de la culpa en los magistrados. Conscientes, por muy enfadados que estén, de que necesitan al PSOE para articular una solución a este nuevo escenario. Por ahora ni unos ni otros se atreven a vaticinar como se puede enmendar este socavón. Y fuentes de los servicios jurídicos de Carles Puigdemont confían en los recursos al propio Supremo como paso previo a acudir al Tribunal Constitucional.