El PSOE defendió en enero las protestas espontáneas que ahora reprime y tacha de «coacciones»
El grupo parlamentario del PSOE avaló que estas manifestaciones podrían realizarse sin comunicación previa
El partido de Sánchez aceptó en el Congreso que no avisar de tales concentraciones ya no sería una infracción leve
El PSOE, el mismo partido que califica de «concentraciones ilegales» las protestas espontáneas ante las sedes de su partido por la ley de amnistía pactada con los separatistas catalanes, defendió el pasado enero tales convocatorias no comunicadas.
En concreto, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados pactó a principios de año con sus socios de Podemos, Bildu, ERC y Junts introducir en la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) de reforma de la ley de Seguridad Ciudadana una enmienda para modificar el artículo 23, de modo que manifestaciones y reuniones podrían realizarse sin previa comunicación, y además no tendrían sanción.
Así, el texto planteado por el partido de Pedro Sánchez y sus socios hablaba de que «la carencia del trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio del derecho de reunión y manifestación».
En la tramitación de aquella proposición de ley, que finalmente no salió adelante por el voto en contra de ERC y Bildu al considerar «insuficientes» los cambios, el PP alertó de que la no comunicación de manifestaciones simultáneas en una misma ciudad restaría capacidad de reacción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, los populares mostraron su rechazo en la Comisión de Interior a dejar sin sanción aquellas manifestaciones no comunicadas con el único pretexto de ser convocadas por un acontecimiento de repercusión social, por lo que no serían ya una infracción leve, como sí ocurre en la legislación vigente.
Frente a ello, el PSOE defendió las concentraciones espontáneas sin comunicar, como las que califica estos días de «coacciones» ante las «casas del pueblo» (sedes socialistas) en distintos puntos de España. «No tenemos constancia de que esta concentración fuese solicitada por ninguna institución, por ningún colectivo, de forma legal.
Por tanto, son manifestaciones ilegales. Y yo lo que espero es que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actúen en consecuencia ante una ilegalidad que se está cometiendo en nuestro país», manifestó, por ejemplo, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, sobre la concentración del lunes ante la sede de su partido en la ciudad andaluza, donde se congregaron unas 1.500 personas, según la subdelegación del Gobierno.
En el caso de las protestas ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de la capital de España, desde la Delegación del Gobierno en Madrid informaron que la concentración del pasado viernes y la del sábado -que estuvo protagonizada por Esperanza Aguirre- no fueron comunicadas, mientras que la del lunes, donde la Policía lanzó de pelotas de goma y gases lacrimógenos, sí fue comunicada.
La de este martes -que reunió a más de 7.000 personas y que acabó en disturbios al reventar un grupo violento la manifestación cívica- tampoco tuvo preaviso, sostiene la Delegación que dirige el socialista Francisco Martín.
Marlaska niega «criterios políticos»
En declaraciones a la prensa en los pasillos del Senado, el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, avaló la actuación de Francisco Martín dentro de la cadena de mando en el dispositivo policial que reprimió el lunes a los manifestantes en Ferraz con gases lacrimógenos pese a no darse una situación de emergencia.
Marlaska, cuya comparecencia ha exigido el PP en el Congreso de los Diputados, dijo que asumía como propias las órdenes con «criterios operativos, no políticos» que adoptó dicha la cadena de mando para llevar a cabo cargas de los antidisturbios ante las «coacciones», el «acoso» y la «violencia deleznable» que, a su juicio, se dieron frente a la sede nacional del PSOE.
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