El PSC acusa al Govern de hacer «listas de buenos y malos» permitiendo trabajar en festivos nacionales

El portavoz adjunto del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha acusado al Govern de buscar crear «listas de buenos y malos funcionarios» si permite a los trabajadores de la Generalitat poder trabajar los festivos estatales del 6 de diciembre y el 12 de octubre, Día de la Constitución y de la Hispanidad respectivamente.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a Europa Press, después de que el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, haya anunciado que el Govern aprobará un mecanismo legal para que los funcionarios de la Generalitat puedan trabajar esos dos días.

«Es una medida absolutamente innecesaria, divisiva, superflua, gratuita y solo puede tener como única motivación conseguir estas dos listas de buenos patriotas funcionarios y trabajadoras que han ido a trabajar, y los que no son buenos patriotas que deciden hacer el festivo», ha afirmado.

Pedret ha cuestionado que esta medida tenga interés público y ha advertido de los riesgos que puede suponer en los derechos de los trabajadores y de los costes que puede conllevar abrir los edificios de la Generalitat si algún funcionario decide trabajar ese día.

Por eso, ha asegurado que el PSC estará vigilante para que no se vulneren derechos de los trabajadores públicos y que los que decidan hacer los festivos «no sufran consecuencias negativas» en su situación laboral.

Además, el PSC ha anunciado que registrará a finales de agosto una batería de preguntas en el Parlament para que el Govern aclare y dé explicaciones sobre esta medida.

Los socialistas preguntan cuál es la necesidad social «que justifica la necesidad de permitir o fomentar que un mayor número de funcionarios y trabajadores públicos presten su servicio» durante estos días, y por qué no habilitan este mecanismo en otros festivos.

También preguntan si el Govern ha hablado con los sindicatos y los representantes de los trabajadores antes de anunciar esta medida y pide al Ejecutivo catalán que aclare cuál es el mecanismo legal que se utilizará y cuál será el coste económico.

Además, exigen al Govern explicar cómo evitará que esto se utilice para «elaborar listas de funcionarios afectos o desafectos al Govern y al independentismo», y cómo garantizará que no haya coerciones.