La prueba definitiva de la inacción de Sánchez ante el Covid: Transparencia le reclama todas las alertas

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 24/12/2020 06:47
  • Actualizado: 24/12/2020 08:16

La criticada gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se pondrá en evidencia a raíz de una reclamación de información por parte del Consejo de Transparencia. Si Sánchez atiende a este requerimiento, como obliga la ley -aunque no tendrá sanción si no lo hace- tendrá que revelar todas las alertas recibidas por su Ejecutivo desde que el Covid hizo su aparición, de forma oficial, en China.

El 8 de diciembre, un grupo de pacientes chinos empezaron a experimentar los síntomas de una neumonía asociada a un nuevo tipo de coronavirus. El brote se detectó en un mercado de pescado, marisco y animales vivos en Wuhan.

El grupo de casos fue notificado inicialmente el 31 de diciembre de 2019, cuando se informó a la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades chinas identificaron entonces un nuevo tipo de coronavirus, que fue aislado el 7 de enero de 2020, lo que descartó que la causa de los síntomas fuesen patógenos de las vías respiratorias habituales, como el virus de la gripe. El 11 y 12 de enero ya se conocían 41 casos de infección en la ciudad de Wuhan, siete de ellos en estado grave.

El Gobierno impasible

Por entonces, el Gobierno español permanecía ajeno a la explosión del virus. Pedro Sánchez, de hecho, no tomaría el mando hasta tres meses después, cuando confinó a toda la población ante el imparable incremento de contagios. Mientras el coronavirus azotaba con fuerza en Italia, el presidente español jaleaba actos multitudinarios como las marchas ideológicas del 8 de marzo. El 31 de enero, el jefe de las alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, decía aquello de: «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado».

En el momento más crítico de la primera ola, el Gobierno acabaría admitiendo que el «contagio importante» de coronavirus se había producido en la última semana de febrero, mientras Pedro Sánchez permanecía totalmente impasible. El Gobierno se justificó su actuación en las recomendaciones de «los expertos».

El Consejo de Transparencia obliga ahora al Ejecutivo socialcomunista a revelar «las alertas recibidas respecto al coronavirus desde diciembre de 2019, con independencia del organismo que las emitiera».

La resolución es respuesta a la reclamación de un ciudadano, que demandó sin éxito esas alertas al Ministerio de Sanidad. El departamento de Salvador Illa dejó sin respuesta la petición, al expirar el plazo de un mes sin dar contestación.

Transparencia no ahorra en reproches hacia el Gobierno de Pedro Sánchez: «Este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española», recoge en la resolución.

También dice que «la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general».

El organismo que vela por la transparencia de la Administración recuerda al Ejecutivo que «el acceso a la información pública y las normas de buen Gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política».

«Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos», se recoge en la resolución.

Por ello, concluye, «en la medida en que se solicite información existente, en poder de uno de los organismos y entidades» a los que se aplica la Ley de Transparencia, entre los que se encuentra el Ministerio de Sanidad, la solicitud debe ser aceptada.

Como ha venido revelando OKDIARIO, el Gobierno de Sánchez desoyó los avisos de los principales organismos internacionales, como la OMS o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Este último avisó apenas dos días antes de la celebración del 8-M del riesgo que comportaban los eventos masivos, y recomendó su cancelación.

Además, hasta en tres ocasiones Seguridad Nacional avisó en sus informes, antes de ese día, que otros países europeos reaccionaban contra el coronavirus con la cancelación de estos actos. El Gobierno ignoró los precedentes y siguió adelante con las marchas ideológicas, pese al riesgo de contagio.

Ya el 25 de febrero, el departamento, que mantiene informado al presidente del Gobierno de los riesgos para el país, recogía que las autoridades de Salud Pública de Italia habían puesto en marcha «medidas de contención» en determinadas áreas y municipios. Entre esas medidas figuraban las «restricciones de actividades públicas», culturales, recreativas, deportivas, religiosas y escolares.