Primera imagen de David Sánchez y el ex líder del PSOE de Extremadura sentados en el banquillo de los acusados

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE de Extremadura y ex presidente de la Diputación de Badajoz, han quedado retratados este jueves por primera vez sentados juntos en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Badajoz.

Junto a ellos, otros nueve investigados han ocupado con rostro serio sus puestos en la Sección Primera del tribunal para afrontar un juicio por prevaricación y tráfico de influencias que arranca con las cuestiones previas y que se extenderá, si el calendario no sufre modificaciones, hasta el 4 de junio.

La imagen ha concentrado la atención de decenas de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión acreditados procedentes de medios de todo el país, que llevan días apostados en los alrededores de la Audiencia de Badajoz. La vista oral ha comenzado a las 10:00 horas ante el magistrado ponente Emilio Serrano.

El juicio dirimirá si la contratación de David Sánchez en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz cumplió todos los requisitos legales o si constituyó, como sostienen las siete acusaciones populares, un caso flagrante de enchufismo en favor del hermano del líder del PSOE.

Gallardo presidía la Diputación de Badajoz en el momento en que se produjo dicha contratación. Fue también secretario general del PSOE extremeño hasta que, el 14 de enero de 2026, anunció su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura para, según sus propias palabras, «afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto». En ese mismo comunicado rechazó los rumores sobre un aforamiento buscado: «Jamás he pretendido influir en dónde o cómo debe juzgarse esta causa».

Prevaricación y tráfico de influencias

La causa tiene su origen cuando la Diputación Provincial de Badajoz nombró a David Sánchez jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con un salario superior a los 55.000 euros anuales. La oposición y diversas asociaciones denunciaron de inmediato que el puesto había sido creado a medida, sin funciones claras ni presencia efectiva en la institución.

La primera denuncia formal llegó en mayo de 2024, presentada por la organización Manos Limpias. A ella se sumaron posteriormente el Partido Popular, Vox, HazteOir, la Fundación Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Asociación Liberum, que ejercen conjuntamente la acusación popular.

La Fiscalía, en posición antagónica y como ocurrió en el caso de Álvaro García Ortiz y en el de Begoña Gómez, solicita la absolución de todos los investigados.

La magistrada Beatriz Biedma instruyó las diligencias previas y concluyó que la plaza se había creado para «satisfacer los caprichos» de David Sánchez.

Durante la instrucción afloró además la figura de Luis María Carrero, asesor de la Unidad de Mensaje del Palacio de La Moncloa que terminó trabajando mano a mano con el hermano del presidente en la Diputación.

Los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil revelaron que Carrero se dirigía a David Sánchez como «querido hermanito» y que conocía de antemano la adjudicación de la plaza antes de que se hiciera oficial. Fue el único candidato.

En total, once personas han tenido que sentarse hoy en el banquillo. Además de David Sánchez y Gallardo, entre los acusados figura el propio Carrero y otros responsables políticos vinculados en aquel momento a la institución provincial pacense, entre ellos el diputado provincial socialista Francisco Martos Ortiz. Las acusaciones populares solicitan para David Sánchez tres años de prisión y doce de inhabilitación.

Testigos y agentes de la UCO

A partir del lunes 1 de junio, el grueso del juicio recaerá sobre los hombros de los testigos, varios de ellos premiados por el PSOE recientemente. Hasta 34 personas han sido convocadas a declarar en sesiones de mañana y tarde que se extenderán entre las 10:00 y las 21:00 horas. El lunes están citados 15 testigos; el martes, otros 15; y el miércoles 3 de junio, cuatro testigos más y nueve agentes de la Guardia Civil, entre ellos integrantes de la Unidad Central Operativa, la UCO, cuyas investigaciones han sido nucleares en la causa.

El propio proceso de citación de los acusados ha sido accidentado. La Audiencia no lograba localizar a David Sánchez porque el domicilio que constaba en las actuaciones era el del despacho de su abogado.

El tribunal le dio 24 horas para revelar su paradero. Finalmente, el acusado compareció en persona el 26 de febrero para recoger la citación. Una situación similar afectó a Carrero y a Martos Ortiz, a quienes las comunicaciones enviadas a la Diputación resultaron infructuosas.

No fue este el único episodio llamativo de la instrucción. En su declaración ante la juez Biedma en enero de 2025, David Sánchez afirmó más de diez ocasiones no recordar los pormenores de su trabajo como alto cargo de la Diputación.

No recordó su entrevista de trabajo, ni quién realizó sus funciones durante su excedencia, ni la ubicación exacta de su oficina. Una catarsis de olvidos que la instructora recogió detalladamente en las actuaciones.

Los documentos oficiales de la Diputación acreditan que David Sánchez ha percibido un total de 340.572 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025 por sus sucesivos cargos en la institución. El año de mayor retribución fue 2024, con 57.627 euros cobrados.

El banquillo de Badajoz acoge esta mañana el capítulo más escrutado de una historia que arrancó como una denuncia local y ha acabado proyectándose sobre la política nacional. El tribunal tiene ahora la palabra; y España, los ojos puestos en Extremadura.