El PP propone penas de cinco años de cárcel para quien convoque un referendum ilegal

El PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal para que se castigue con hasta cinco años de cárcel a la autoridad o funcionario público que, careciendo de competencias para ello, convoque elecciones o consultas populares por la vía del referéndum ilegal. Una medida así habría facilitado el procesamiento de los líderes del golpe en Cataluña.

La proposición de ley registrada ahora en la Cámara Baja coincidiendo con el primer aniversario de la consulta ilegal del 1 de octubre en Cataluña, fue anunciada el pasado 26 de julio en Barcelona por el presidente del PP, Pablo Casado. Además el PP recuerda que sigue poniendo a disposición del ejecutivo su mayoría en el Senado para frenar con otro 155 cualquier intento de volver a promover la independencia desde la comunidad autónoma.

Tipificar el delito de consulta ilegal

El líder del PP avanzó que la «primera iniciativa parlamentaria» en la nueva etapa de su partido sería para incorporar al Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum.

Además de penas de prisión, los populares proponen hasta diez años de inhabilitación absoluta para los responsables de esas consultas.

También prevé penas de uno a tres años de cárcel para la autoridad o funcionario que, sin realizar la convocatoria ilegal, promueva o colabore con su celebración, y de seis meses a un año de prisión, o multa de 12 a 24 meses, para los interventores de esas mesas electorales.

Ya estuvo en el código penal

En la exposición de motivos, el PP recuerda que desde 2003 el Código Penal ya contaba con esas penas pero una reforma posterior «consideró oportuno despenalizar tales conductas».

A juicio del PP, y después de diez años desde esa despenalización, los «acontecimientos recientes en la historia de España» -en referencia al desafío independentista en Cataluña- revisten la suficiente gravedad como para merecer un reproche penal.

Y subraya que los actuales controles de legalidad se han demostrado insuficientes «para reprimir y disuadir» a quienes convocan, promueven y facilitan esas consultas ilegales.