El PP denuncia a Sánchez Mato por «escuchas ilegales» en las reuniones de Madrid Calle 30

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado este martes al delegado de Economía y Hacienda madrileño, el imputado Carlos Sánchez Mato. El objeto son «escuchas ilegales» que se produjeron en los consejos de administración de Madrid Calle 30, la empresa semipública que gestiona la M-30.

«No hay ningún registro de archivo en esas grabaciones», algo «escandaloso», critican. Se basan en la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De salir adelante, la denuncia podría suponer hasta 10 años de inhabilitación para el responsable de Economía del Ayuntamiento de la capital.

Tal y como ha explicado el portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, al acabar el pleno extraordinario en Cibeles para aprobar una modificación de la operación Mahou-Calderón. Se trata de una denuncia en el registro del Ayuntamiento de Madrid por el edil Álvaro González. No obstante, indican que eso «no cierra la puerta» a que el PP acuda en segunda instancia al Tribunal Contencioso-Administrativo.

Fuentes populares indican que el plazo para que Carmena responda a esta denuncia no está establecido pero si en 6 meses no contesta el PP acudirá al citado tribunal por «denegación presunta», lo que se conoce como silencio administrativo.

«Le corresponde responder a la alcaldesa, sin perjuicio de que suponemos que la va a desestimar, posteriormente ejerceremos todos los recursos que corresponda en vía administrativa y en vía judicial como consecuencia de las escuchas ilegales en los consejos de Calle 30, donde no hay ningún registro de archivo en esas grabaciones», ha explicado Almeida a los medios de comunicación.

Esta denuncia ya fue anunciada en el último pleno ordinario de Cibeles, donde el edil del PP Álvaro González anunció la interposición de una de una demanda esta misma semana por «falta de transparencia». La denuncia responde a dos motivos. Por un lado, la grabación «a escondidas» de reuniones en reuniones del Consejo de Calle 30, así como por la ruptura de la cadena de custodia de la documentación relativa a la Comisión de Investigación de la M-30.

«Es especialmente grave este asunto, porque esos documentos sirvieron para el dictamen de Calle 30, pero es escandaloso que salgan más de 1.300 certificaciones de Calle 30 para ser digitalizados y que el consejero delegado no haga sobre los documentos que salen ni sobre los que entraron», ha criticado Almeida.