PP y Cuidadanos presentan enmiendas a la ley de Montero «por politizar y socavar la función pública»

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos chocan frontalmente contra el proyecto de ley de la Función Pública elaborado por el Departamento de Hacienda que dirige María Jesús Montero y que busca abiertamente politizar y socavar la Administración del Estado para ponerla al servicio de intereses partidistas. Las dos formaciones políticas han presentado numerosas enmiendas al proyecto que está actualmente en tramitación en las Cortes Generales, todas ellas enfocadas en combatir la arbitrariedad que respira el texto, así como la pretensión de Podemos, que forma parte del Ejecutivo, de dar una vuelta de tuerca a dichas aspiraciones.

Entre las ideas de Podemos, que superan en trascendencia a las medidas recogidas por el proyecto de Montero, está la de promover un cambio en el sistema de selección de los funcionarios, sustituyendo el actual, basado en los principios de una formación altamente cualificada y ajena a toda injerencia política por un sistema que rebaja el nivel de preparación drásticamente, a través del cual empezarán a ocupar los cuerpos de élite aquellos que se acerquen al poder político, que siempre deberán un favor el partido del Gobierno en el futuro.

Los puntos más intensos de confrontación son dos enmiendas que a su vez ha presentado el Grupo Parlamentario de la formación morada por las que un grupo de funcionarios de menor nivel pretende ascender de categoría sin realizar los exámenes necesarios que acreditan la competencia que se precisa para acceder a los niveles superiores de la Administración, por ejemplo en la Agencia Tributaria, pero también en otros cuerpos que integran la burocracia española. Según Ana de la Herranz, que es la presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, utilizan para ello un argumento peregrino, sosteniendo que al facilitar el acceso de la manera aspiran se solucionarían los problemas fiscales derivados de la economía sumergida, para lo que utilizan algunos informes de economistas que se alejan de otros profesionales de reconocido prestigio y de credibilidad a nivel internacional.

El problema con las enmiendas de Podemos es que la naturaleza del proceso legislativo impide que pueden ser contrariadas por otra enmienda, ya que todas ellas se dirigen a corregir, perfeccionar, o en este caso empeorar el proyecto de Función Pública. Tendrá que ser durante la discusión del texto en la comisión de Hacienda y de Función Pública donde al menos se puedan escuchar todos los argumentos y advertencias que tendría un planteamiento como el que defiende Podemos. Además, da la casualidad de que la citada comisión parlamentaria tiene competencia plena, de manera que lo que allí se apruebe pasará directamente al Senado, sin recalar antes en el Pleno del Congreso.

Además de numerosos puntos, lo que sí enmiendan tanto el PP como Ciudadanos es la «famosa» disposición adicional séptima por la cual se otorga un cheque en blanco sin precedentes al Ejecutivo. En ella se recoge que el Gobierno, arrogándose una competencia que corresponde al poder legislativo, se autoconcede un plazo de seis meses para crear o suprimir a su antojo la actual organización de la función pública sin dar cuentas a nadie. José María Peláez, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Inspectores, afirma que bajo el mantra de la modernización de la Administración pública se esconden peligros gravísimos que redundarán negativamente en el servicio que se preste al ciudadano.

No ha sido posible, salvo que en el debate parlamentario se pudiera intentar un cambio, refutar la pretensión de Podemos enmendar su intención de que se creen cuerpos superiores técnicos, en concreto en la Agencia Tributaria, lo que, según Peláez, contribuirá directamente a politizar la Administración. Tampoco se ha producido ningún contacto entre el Gobierno y los representantes de los cuerpos superiores del Estado, que han convocado ya dos concentraciones frente a la sede del Ministerio de María Jesús Montero. «No hay negociación ni nada de nada, la comunicación es cero, por eso sospechamos que la ministra Montero tiene muy clara su hoja de ruta y que no está dispuesta a alterarla bajo ningún concepto, lo que conducirá a destrozar la Función Pública tal y como la hemos conocido hasta la fecha», apunta Peláez.