Podemos propone que el Estado deje de pagar la defensa de altos cargos imputados por corrupción

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para reformar actual legislación con el objetivo de que el Estado deje de sufragar la defensa de los altos cargos que son investigados por corrupción.

En concreto, la iniciativa persigue modificar un único artículo de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que data de 1997, para excluir la posibilidad de prestar esa asistencia en el caso de que los funcionarios o empleados del Estado a los que ampara esta norma sea vean inmersos en causas relacionadas con la corrupción.

La reforma, que ha sido presentada por el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón; el portavoz de Justicia, el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes, y la responsable de Acción Institucional de Podemos, la diputada Auxiliadora Honorato; especifica que no podrá aplicarse con efectos retroactivos, es decir que si se aprueba, en ningún caso afectará a los procedimientos ya iniciados.

«Es una paradoja sangrante que el dueño de la casa tenga que pagar la defensa al ladrón que ha desvalijado la casa», ha explicado Honorato, quien ha señalado lo contradictorio que es, además, que se sufraguen esos gastos con dinero público y luego se deje «en una altísima indefensión» a los funcionarios que denuncian casos de corrupción.

Honorato ha mostrado su deseo de que esta reforma se pueda aplicar también en las comunidades autónomas recordando, por ejemplo, que la Junta de Andalucía se hizo cargo y pagó con dinero público la defensa de los implicados en el caso de los ERE fraudulentos.

Yllanes, por su parte, ha hecho hincapié en que no es legítimo que el Estado corra con los gastos de defensa de los acusados por este tipo de delitos aunque al final resulten absueltos, mientras que Errejón ha abogado por acabar con estos «privilegios» porque no puede haber «ciudadanos de primera y de segunda».

Además de para este asunto, Unidos Podemos aprovecha su texto para proponer una modificación en la norma vigente desde la perspectiva de género de manera que, en lugar de hablar de «abogados del Estado», la norma se refiera a la «Abogacía del Estado» y contemple también específicamente a las «funcionarias y empleadas» del Estado.