España

Podemos Marbella incluye en su lista de paraísos fiscales a ¡España!

  • Juanan Jiménez
  • Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.

La marca blanca de Podemos en el Ayuntamiento de Marbella equipara a España con paraísos fiscales como Islas Caimán, Jersey o Panamá con los que concejales, directivos y funcionarios, así como empresas contratantes, no podrán tener relación directa. El problema que se le presenta al Consistorio es que según su nuevo Código de Buen Gobierno nunca podrían contratar o dar licitaciones a empresas españolas.

Los concejales de Costa del Sol Sí Puede presentaron alegaciones al Código de Buen Gobierno aprobado por el consistorio marbellí y han pedido introducir una cláusula dentro del apartado de Régimen de Incompatibilidades y Retribuciones. Esa cláusula exige una declaración jurada a concejales, directivos, asesores y funcionarios con habilitación nacional en la que se asegure que no tienen vinculaciones con personas o empresas en paraísos fiscales. Lo mismo se aplica a los directivos y cargos de empresas que obtengan contratos del consistorio o se presenten a licitaciones públicas en Marbella.

Lo llamativo de esta propuesta es que los podemitas han hecho corta y pega de un listado de países considerados como paraísos fiscales o con una legislación opaca en materia fiscal entre los que han incluido a España. Es decir, a los conocidos Panamá, Islas Vírgenes, Islas Caimán, San Vicente y Granadinas, Gibraltar, Andorra, Suiza o Aruba se unen países de la Eurozona como España, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Portugal Irlanda o Italia, que poco o nada tienen que ver con paraísos fiscales donde la laxitud y la opacidad de su legislación en materia fiscal los convierten en foco del blanqueo de capitales.

El listado incluido por los podemitas en su documento de alegaciones se puede encontrar fácilmente en internet. Han copiado exactamente ul listado de 73 países (incluidos los errores de edición) que circula por internet y que consideraba paraísos fiscales o cuya legislación fiscal todavía no se adecuaba a los estándares de transparencia exigidos por este organismo.

El problema que se presenta ahora es que, si se tienen en cuenta estas alegaciones, el Ayuntamiento nunca podría contratar a empresas españolas por contravenir el Código de Buen Gobierno.