Podemos afora a sus imputados en la Diputación Permanente para que no desfilen por la Justicia ordinaria

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 25/09/2019 17:45
  • Actualizado: 25/09/2019 18:30

Podemos acaba de batir el récord mundial de casta: ha alterado los nombres de su representación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados constituida en el mes de julio para aforar y evitar que los tribunales ordinarios toquen a sus diputados recién imputados por participar en las protestas de los trabajadores de Alcoa frente al Congreso el pasado mes de marzo.

El cambio se acaba de producir el pasado 23 de septiembre. Un documento firmado por Txema Guijarro (portavoz de Podemos) y presentado ante la Mesa del Congreso al que ha tenido acceso OKDIARIO, refleja la sustitución del diputado Alberto Rodríguez Rodríguez por Antón Gómez Reino-Varela en el cargo de diputado suplente miembro de la Diputación Permanente del Congreso.

Ese leve cambio supone todo un mundo a efectos judiciales. Y es que cuatro días antes de esa modificación, Antón Gómez Reino-Varela había sido imputado por atentado a la autoridad en los disturbios de Alcoa. Él era aforado como diputado. Pero al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones generales el 10 de noviembre, Antón Gómez perdió su condición de aforado ante los tribunales españoles.

Ahora, gracias a su incorporación de urgencia a la Diputación Permanente del Congreso, el diputado de Podemos logra mantener su aforamiento y, por lo tanto, evita el poder ser tocado por los mismos tribunales que juzgan al resto de los españoles. Traducido: el mismo partido que asegura ser el azote de la casta, acaba de parapetar tras un aforamiento a uno de sus diputados recién imputado por un delito recogido en el Código Penal.

Podemos rectifica

La Diputación Permanente del Congreso con mayoría de PSOE y Podemos en su Mesa se constituyó el pasado 23 de julio. Desde ese martes, la Diputación Permanente del XIII Legislatura se conformó con los miembros confirmados por la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos suman mayoría. La Diputación, encargada de decidir sobre la celebración de los Plenos de control al Gobierno y sobre la comparecencia de ministros en periodos inhábiles como julio y agosto, se activaba así casi tres meses después de las elecciones del pasado 28 de abril. En este órgano quedaban, de este modo, los únicos parlamentarios que seguirán como diputados y aforados tras disolverse las Cortes.

El listado de estos aforados incluía 68 diputados más el puesto nato de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 35 diputados. Con esa cifra, al PSOE le corresponden 24 diputados y al PP, 13, mientras que Ciudadanos ocupará 11 asientos; Unidas Podemos, 8; Vox, 5, ERC, 3; PNV, 1 y el Grupo Mixto, 3.

Y entre ellos se encontraba por Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez. Se encontraba hasta el día en el que dejó de estarlo porque la imputación de Antón Gómez Reino-Varela llevó a la dirección del partido de Pablo Iglesias a proteger a su diputado de los tribunales parapetándolo en el mismo aforamiento que tantas veces ha criticado Iglesias. Sustituyendo a Rodríguez por Gómez Reino-Varela para evitar que los mismos tribunales que juzgan al resto de españoles pueda tocar a sus diputados.

Y es que una jueza de Madrid citó el pasado 19 de septiembre a varios diputados de Podemos como investigados por un delito de atentado contra la autoridad por su participación en las protestas de Alcoa el pasado 28 de marzo.

Con Mayoral

Uno de ellos era Rafael Mayoral, ya aforado y miembro de la Diputación  Permanente desde el inicio. Mayoral, de hecho, optó por no acudir a declarar al juzgado. Pero la titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid citó también como imputado a Antón Gómez Reino-Varela, a pesar de ser también diputado y aforado ante el Tribunal Supremo, único tribunal que puede investigarlos.

La diferencia con Mayoral radicaba en que Antón Gómez Reino-Varela perdía en días su aforamiento y cobertura judicial. Pero Iglesias ha decidido que no: que mejor que todos sus diputados imputados puedan protegerse con privilegios. Con los mismo que el califica de ese modo cuando ataca al resto de partidos y les denomina “la casta”.