La podemita Victoria Rosell rechaza la conciliación e irá a juicio por pagar en negro a su asistenta

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha rechazado llegar a un acuerdo de conciliación con su ex empleada del hogar, Simona Chambi, quien ha denunciado que estuvo trabajando para ella durante meses sin contrato y cobrando en negro.

Victoria Rosell estaba citada este viernes a un acto de conciliación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de intentar llegar a un acuerdo sobre el despido de su asistenta del hogar. Sin embargo, la magistrada y ex diputada de Podemos no ha acudido a la cita y ha enviado en su lugar a una graduada social, quien ha rechazado la posibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso sobre la cantidad con la que debe ser indemnizada Simona Chambi.

De este modo, se ha cerrado la puerta a la vía de la conciliación y Victoria Rosell irá finalmente a juicio por el despido de su asistenta. Simona Chambi presentó el pasado mes de agosto en un Juzgado de lo Social de Las Palmas una demanda laboral en la que denuncia que Rosell y su pareja, el empresario Carlos Sosa, la despidieron el pasado mes de junio cuando se encontraba de baja médica, después de trabajar para ambos durante más de siete años.

Durante este tiempo, siempre según la denuncia, Chambi trabajó para la pareja sin contrato y cobrando en «dinero negro o b» en dos períodos: desde septiembre de 2011 a febrero de 2012, y luego durante casi todo el año 2015, tras regresar de su país natal, Bolivia.

Victoria Rosell ya ha sufrido un primer revés judicial por estos hechos: el pasado mes de agosto denunció a Simona Chambi por un presunto delito de extorsión, por pedirle a través de su abogado una indemnización de 10.000 euros en concepto de despido «improcedente» o nulo».

La alto cargo de Podemos logró incluso que su empleada del hogar fuera sometida a un duro interrogatorio por agentes de la Udef, la unidad de la Policía Nacional especializada en grandes tramas de corrupción como el caso Gürtel o el caso Nóos. Los agentes no ocultaron su malestar e incomodidad por tener que dedicar su tiempo a la asistenta del hogar de Victoria Rosell.

Sin embargo, en un auto dictado el pasado mes de diciembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, Florencio Barrera, archivó la denuncia interpuesta por Rosell al no apreciar ningún indicio de extorsión, coacciones o amenazas por parte de Simona Chambi.

El juez señala en su auto que “no concurre en el presente caso ningún tipo de violencia o intimidación dirigidas a la denunciante o a su pareja para que abonen la cantidad de dinero que reclama a este último la denunciada, sino, simplemente, una aparentemente legítima reclamación extrajudicial previa a la interposición de la consiguiente y eventual demanda laboral en reclamación a unas cantidades a las que la denunciante cree tener derecho”.

Rosell culpa de todo a Vox

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género también mintió al atribuir a una conspiración de Vox la denuncia de su empleada del hogar. Algo que ha negado rotundamente Simona Chambi en declaraciones a OKDIARIO: «No conozco a nadie de Vox, yo no soy de ningún partido político, nunca he vivido de la política. Sólo pido lo que me corresponde, lo que he trabajado. Soy una persona sencilla y sólo me he preocupado de trabajar».

Simona Chambi había trabajado desde septiembre de 2011 para Victoria Rosell y su pareja. El pasado mes de marzo informó a ambos de que tenía cita para someterse a una operación de cataratas en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas. Cuando todavía se encontraba convaleciente de la operación, Carlos Sosa le comunicó el 26 de junio con un mensaje de whatsapp que quedaba despedida, con una indemnización de sólo 833,34 euros.

La pareja de Victoria Rosell tomó esta decisión después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (también de Podemos), anunciara que quedaran prohibidos los despidos durante la pandemia. En su demanda laboral, el abogado de Simona Chambi señala que el despido sería «nulo», pues Carlos Sosa nunca le ha comunicado los motivos de la extinción de su contrato.

De forma alternativa, pide al juez que declare el despido «improcedente», pues «la única causa real que pudiera evidenciarse para la extinción del contrato es la condición de incapacidad temporal [de Victoria Chambi] y por lo tanto, no amparable en causa justa de extinción». Después de que Victoria Rosell haya rechazado el acto de conciliación, ahora será el juez quien determine las condiciones en las que se ha producido el despido y fije la indemnización que corresponde a Simona Chambi.

Por su parte, a raíz de otra denuncia presentada por Chambi, la Inspección del Trabajo (que también depende de la ministra de Podemos Yolanda Díaz) deberá determinar si Victoria Rosell y su pareja defraudaron a la Seguridad Social al tener a su empleada del hogar trabajando durante varios meses sin contrato y cobrando en «dinero negro o B».