España

Sánchez promete a la UE un plan antifraude para perseguir patrimoniales como la del ministro astronauta

Pedro Sánchez presenta en Bruselas un plan antifraude para vigilar sociedades patrimoniales como la de su ministro Pedro Duque.

En España el Gobierno de Pedro Sánchez defiende que la sociedad patrimonial de Pedro Duque es lo más normal del mundo. Pero, mientras, Moncloa asegura en Bruselas que hay que investigarlas. De hecho, el filtrado de estas sociedades ha sido incluido en el plan antifraude que se ha remitido a la Comisión Europea como uno de los avales de las grandes cifras que deben soportar los Presupuestos Generales del Estado. Un plan del que depende el aumento de recaudación en 500 millones de euros. Y allí figura como uno de los puntos estrella “concentrar esfuerzos en el control de los contribuyentes con grandes patrimonios así como en sus entornos societarios y familiares”.

Justo el entramado que ha permitido a Pedro Duque reducir impuestos y disfrutar de dos casa de lujo que, lejos de formar parte de ninguna actividad empresarial, son simplemente su vivienda habitual en uno de los barrios más lujosos de Madrid, y su casa de vacaciones en una de las mejores urbanizaciones de Jávea.

El plan antifraude y el combate al uso de las sociedades como la de Pedro Duque aparece recogido en el documento de 62 páginas remitido a Bruselas. Figura, de hecho, en la página 28 de este documento que fue remitido a las autoridades europeas el pasado 15 de octubre. Y en esa fecha, con toda probabilidad, el mismo Gobierno que promete combatir esas estructuras de ingeniería fiscal estaba supervisando y dando el visto bueno al documento que su ministro Pedro Duque acaba de presentar, precisamente, para todo lo contrario: para decir que esas sociedades son perfectamente regulares y que hasta los que las usan “pagan más impuestos”.

El Gobierno dice que centrará sus esfuerzos en el control de «los entornos societarios y familiares de grandes contribuyentes»

Ante Bruselas, lógicamente, no tienen que apuntalar al ministro de Ciencia. Y allí han presentado un documento en el que señalan que “en el proceso permanente de adaptación de la AEAT al entorno económico, se adoptan medidas normativas, organizativas y operativas en línea con las mejores prácticas internacionales […]. Ello hará necesario que las modificaciones legales se vayan a acompañar de determinadas medidas organizativas y operativas que, adecuando a la Administración tributaria del Estado, esto es, Agencia Tributaria, Dirección General de Tributos y Tribunales Económico-Administrativos, al contexto económico, la sitúen al nivel de los países más avanzados”.

Y todo ello con una serie de objetivos, dentro de los que figura con especial protagonismo y “en particular”, el plan para “concentrar esfuerzos en el control de los contribuyentes con grandes patrimonios así como en sus entornos societarios y familiares a fin de favorecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

El cuerpo adscrito a este seguimiento no será uno cualquiera: «Lo que se llevará a cabo mediante la creación de una Unidad Central de Coordinación de dichas actuaciones de control”. Dicho de otro modo: atención prioritaria y medios excepcionales porque lo consideran una práctica a combatir. Eso sí, cuando se usan estas sociedades, por lo visto, por cualquiera que no sea un miembro del Gobierno. “El impacto estimado de este conjunto de medidas es de 500 millones de euros”, concluye el documento.