Sánchez tendrá que pronunciarse sobre el ‘delito de referéndum’ mientras negocia con Torra

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 13/02/2020 06:45
  • Actualizado: 13/02/2020 13:28

La negociación que Pedro Sánchez iniciará -formalmente- en los próximos días con la Generalitat estará llena de altibajos. Y de momentos delicados para el presidente del Gobierno. En los meses en que la mesa de negociación con Cataluña esté activa -al menos, hasta la aprobación de los Prespuestos- el socialista tendrá que fijar posición sobre asuntos sensibles, como el delito de convocatoria de un referéndum ilegal, la propuesta que el PP tiene registrada en el Congreso y que previsiblemente se reactivará en los primeros compases de la legislatura.

Sólo cinco días antes de las elecciones, en pleno debate entre los cinco principales candidatos, Pedro Sánchez anunció una reforma del Código Penal para que la convocatoria de un referéndum ilegal sea delito. Una figura incluida por Aznar -en plena ofensiva del lehendakari Juan José Ibarretxe- y suprimida por Rodríguez Zapatero, que estaba penada con hasta cinco años de cárcel.

Pero las cosas han cambiado desde entonces. Sánchez es ahora presidente gracias a la abstención de ERC, se dispone a armar la mesa de diálogo con los dirigentes independentistas para asegurarse la gobernabilidad y el PSOE elude pronunciarse sobre si en la reforma del Código Penal que planea para rebajar el delito de sedición se incorporará la medida. En el dossier de negociación que el líder socialista ofreció a Torra la pasada semana se habla incluso de no «judicializar la política», apostando por «la negociación y acuerdo y la búsqueda de soluciones en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica». Un rechazo implícito a cualquier medida penal.

Cinco años de cárcel

El PSOE ya votó en contra de llevar la convocatoria de referéndum ilegales al Código Penal. Fue en febrero del año pasado, cuando el Congreso rechazó la misma proposición de ley del PP. En el ‘no’ se unieron el PSOE y sus socios de la moción de censura y a favor sólo se manifestaron PP, Ciudadanos y Foro. El ahora ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue el encargado de fijar la postura socialista: consideró que en el ordenamiento jurídico ya existían «mecanismos suficientes para defender el orden constitucional» y cargó contra los ‘populares’ por «no entender que el Código Penal cumple una función constitucional que nadie puede eludir, pero no es un elemento para arrojar al adversario político».

Así, pues, cuando el PP reactive la iniciativa, Pedro Sánchez tendrá que retratarse de nuevo: o bien negando una de sus promesas de campaña o bien aliándose con el separatismo.

La propuesta establece hasta cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo para «la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución». Y también para quien los «facilite o promueva».

«Transcurridos casi quince años desde la despenalización, los acontecimientos recientes de la historia de España demuestran que las conductas tipificadas para la protección de nuestra Carta Magna, como usurpación de atribuciones (artículo 506 bis) y como participación en consultas ilegales (521 bis) revisten de suficiente entidad como para merecer un reproche penal, sin que las formas diferentes de control de la legalidad hayan sido suficientes para reprimir y disuadir de las conductas que los mismos penaban», sostienen desde el partido de Pablo Casado.