Sánchez encarga un informe ‘a medida’ para justificar que Franco vaya a El Pardo

El Gobierno considera que la inhumación de Franco en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio no genera problemas de seguridad porque «hasta ahora no se han planteado».

En este argumento, el Ejecutivo socialista ha fundamentado su decisión, unilateral, sobre el destino final de los restos del dictador, desoyendo el deseo de la familia de que sea enterrado en la cripta de la catedral de La Almudena. 

Así consta en el informe que el Ejecutivo solicitó, a mediados de mes, a la delegación de Gobierno en Madrid, y que le fue remitido el 14 de marzo, apenas un día antes de que el Consejo de ministros aprobase la fecha del 10 de junio para una hipotética exhumación.

Cabe recordar que la misma delegación entregó otro informe, en enero -y también a petición del Gobierno- en el que se desaconsejaba la catedral de La Almudena por «motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado». El Ejecutivo socialista se ha venido amparando en dicho documento para negar a la familia el derecho a elegir La Almudena para el reposo de Franco.

«Muy pocas visitas»

En el nuevo informe de la delegación del Gobierno, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se sostiene lo siguiente: que el cementerio de El Pardo no presenta problemas de seguridad porque «hasta la fecha» no se han planteado.

En dicho cementerio, sostiene, «en la actualidad y desde hace años, se encuentran inhumadas varias personas con relevancia política durante la época franquista, así como la que fue esposa de Francisco Franco, Carmen Polo Martínez». «La experiencia dice que, durante todos estos años, las visitas a los lugares de enterramiento de estas personas se han venido desarrollando con las condiciones de privacidad y de seguridad deseables, habiendo transcurrido las mismas con total normalidad», señala la delegación.

En El Pardo están enterrados, además de la mencionada Carmen Polo, históricos dirigentes, como los ex presidentes Carrero Blanco y Arias Navarro, o los ex ministros  Nemesio Fernández Cuesta Illana, Pablo Martín Alonso, Demetrio Carceller Segura, Pedro Nieto Antúnez o Félix Álvarez-Arenas Pacheco.

Sin embargo, nada comparable con la trascendencia, histórica, social y política, del dictador Franco. De ahí que la deducción de que no se producirán altercados porque hasta ahora no se hayan producido resulta, cuanto menos, llamativa.

Pese a ello, el informe que maneja el Gobierno sostiene que «se puede afirmar que el emplazamiento analizado, a pesar de contar con enterramientos de personas del régimen franquista, las visitas, incluidas las de contenido político, han sido muy pocas y no han planteado hasta la fecha problemas de seguridad». 

Pocas visitas

En otro orden, el documento prosigue avalando la elección en lo ocurrido hasta el momento, señalando que en dicho emplazamiento «no hay un volumen importante de visitas».

De nuevo ignorando la situación excepcional que supondrá enterrar al dictador, el Gobierno alega que el único día de afluencia es el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, «en el que la afluencia parece que es especialmente significativa -describe- debido a que, según la información que se ha podido recabar, hay enterradas muchas personas que no han vivido en El Pardo y Mingorrubio y que son visitadas por sus familiares ese día, a diferencia de lo que ocurre el resto del año».

El Ejecutivo de Sánchez considera también que la «ubicación geográfica» del cementerio permite que «no se aprecien» problemas de movilidad, seguridad ciudadana, orden público y «afectación de los derechos fundamentales que fueron puestos de manifiesto con ocasión de una posible inhumación de los restos de Francisco Franco en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid».

En el caso de El Pardo, sostiene el Gobierno, «no se trata de una ubicación en el centro de la capital, lo que permite prever un volumen asumible de visitantes en términos de movilidad y seguridad, que facilitarán, a corto-medio plazo, absorber con normalidad las visitas a la sepultura, sin presencia de turistas, habitual, sin embargo, en los edificios relevantes del centro de Madrid». También sostiene que la adopción de medidas antiterroristas, «cuyo reforzamiento parecía necesario en el caso de la catedral de La Almudena por su ubicación cercana a edificios, centros o instalaciones emblemáticas de la ciudad y por ser un lugar de especial concentración y afluencia de ciudadanos», aquí no serían necesarias, al menos «no en aquella dimensión y alcance».

Es por ello, que el Ejecutivo concluye que «el riesgo de que se produzcan episodios de conflictividad social y política, así como desórdenes públicos, sea mucho menor». 

El Ejecutivo cree también que es mínimo el riesgo de que el cementerio «se convierta en un símbolo de la sublevación militar, la Guerra Civil y la supresión de la dictadura», respetando así la ley de Memoria Histórica, que prohibe la exaltación del franquismo.