El pacto PP-PSOE sobre la renovación del CGPJ evitará nuevos casos como el de Dolores Delgado

El acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye el compromiso de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Así, se prohibirá de forma expresa que un ex ministro pueda ser fiscal general del Estado. De este modo, el pacto implica evitar nuevos casos como el de Dolores Delgado, que asumió la presidencia del Ministerio Público tras haber sido ministra de Justicia con el PSOE. Según el negociador del principal partido de la oposición, el popular Esteban González Pons, con ello se trata de evitar las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que debe alcanzar la máxima independencia. No obstante, el cargo de fiscal general del Estado seguirá siendo elegido por el Gobierno como fue el caso de Dolores Delgado nombrada a dedo por Pedro Sánchez.

«El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un ministerio o de una Secretaría de Estado, de una consejería de un gobierno autonómico o de una alcaldía, o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma», señala el acuerdo consultado por OKDIARIO. De este modo, se modifica el Estatuto que rige al Ministerio Público. 

El acuerdo de renovación del CGPJ también tiene previsto que los fiscales se abstendrán necesariamente de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunos de los motivos de abstención establecidos para los jueces y magistrados según la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto les sean de aplicación. «Las partes intervinientes en los referidos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del fiscal de que se trate interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervención en el proceso. Cuando se trate del Fiscal General del Estado, las partes intervinientes podrán dirigirse al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo», señala el acuerdo de renovación. Y prosigue: «La decisión sobre la intervención del fiscal general del Estado en el proceso será resuelta, en su caso, por la Junta de Fiscales de Sala, que será presidida por el teniente fiscal del Tribunal Supremo. Contra las decisiones anteriores no cabrá recurso alguno». 

Este acuerdo busca la independencia dentro de la Fiscalía General del Estado que un día ostentó Dolores Delgado. El presidente, Pedro Sánchez, la nombró número uno del Ministerio Público tras ostentar cargos de responsabilidad dentro de las filas socialistas. Incluso, Dolores Delgado ha participado activamente en mítines del PSOE.

Veinte años para el Supremo

El acuerdo alcanzado no sólo se ciñe a los nombramientos en la Fiscalía, también perfila los requisitos para el nombramiento de magistrados en las Salas del Tribunal Supremo. «La ley incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados o magistradas del Tribunal Supremo», explica el acuerdo. El Alto Tribunal contaba con un tercio de vacantes sin cubrir, al llevar bloqueada la renovación del CGPJ más de cinco años.

La ley también dispone que se deberá declarar en la situación de excedencia voluntaria cuando un juez o magistrado se presente o sea elegido como candidato para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o de una alcaldía. También se establece que en caso de que se produzca el caso anterior, los jueces no podrán reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria. Una alusión directa a Victoria Rosell que del Ministerio de Irene Montero (Podemos) regresó a los juzgados de Canarias.

«Si solicitan finalmente el reingreso, durante los dos años siguientes a su cese en el cargo político o público, quedarán adscritos, según el caso, al Presidente del Tribunal Supremo o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de su último destino, sin merma en la retribución que vinieran percibiendo antes de la excedencia. Por su parte, aclara que se deberá declarar en la situación de servicios especiales cuando un juez o magistrado sea nombrado para cargo político de confianza con rango de director general o inferior», zanja el acuerdo.