Iglesias se va del Gobierno con el 93% de personas bajo el umbral de pobreza sin percibir ingreso mínimo

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 01/04/2021 06:49
  • Actualizado: 01/04/2021 09:05

Tan sólo el 6,4% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del ingreso mínimo vital (IMV), uno de los «logros históricos» de Pablo Iglesias en el Gobierno de coalición.

Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han sido recogidos este miércoles por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La recopilación es demoledora: sólamente al 1,2% de la población española le llega el Ingreso Mínimo, y 3 de cada 4 solicitudes han sido denegadas. Un 30% están aún pendientes de resolver.

Pablo Iglesias fue el principal impulsor del ingreso mínimo vital, que finalmente se tramitó a través del Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá.

La aprobación de este ingreso fue un tenso tira y afloja entre los socios de la coalición. Pablo Iglesias se atribuyó el logro de la aprobación tras severos enfrentamientos con Escrivá, y también fue crítico con los retrasos. Pero la realidad es que, pese a esas críticas, la gestión se ha demostrado claramente insuficiente.

«Colas del hambre»

«En definitiva, el Gobierno no ha cumplido, ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país.

Mientras tanto las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital», señalan los gerentes de servicios sociales.

En mayo pasado, el ahora candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid se jactó de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. «Es un día histórico para la democracia, hoy nace un nuevo derecho social en España», celebró Iglesias. El líder podemita, principal impulsor de la medida, se comprometió a llegar a 850.000 hogares en lo que consideró «el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la Ley de dependencia».

Iglesias se declaró entonces «satisfecho» por la medida y criticó las «muchas resistencias por parte de grandes poderes económicos y mediáticos». A su juicio, el Ingreso Mínimo era también «una cuestión de libertad» porque «no hay libertad si no se llega a fin de mes

Sólo 1 de cada 4 solicitudes

«Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada 4, un 26%. Una cifra irrisoria que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo ni tampoco responde a las necesidades de la población azotada por las consecuencias sociales de la pandemia Covid-19», señalan desde la Asociación de  Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Explican que «el sistema de Rentas Mínimas, ofrecía una cobertura superior, quedándose en un 8%, esto es, 1,6 puntos por encima del IMV». Comparando con el total de España, las personas beneficiarias del IMV únicamente llegan al 80% de las beneficiarias de Rentas Mínimas.

Además, señalan que «la cuantía media por persona perceptora de los
IMV en el conjunto de España supone el 16,4% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja e inferior al 17,1% del sistema de Rentas Mínimas».

Asimismo, destacan que «las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio reconoce que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio)».

«Hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia de la Covid-19», aseveran desde la asociación.

«También reconoce el Ministerio que un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo. En definitiva, el Gobierno no ha cumplido, ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó», concluyen.