Iglesias no presentó denuncia por el robo del móvil de Dina ni en 2016 ni en 2017 ni en 2018

Pablo Iglesias tuvo en tres ocasiones la oportunidad de denunciar a diferentes medios periodísticos por la publicación de contenidos de la tarjeta robada a su asesora del grupo parlamentario europeo, Dina Bousselham, pero desistió de ellos por razones personales, nunca políticas. El dirigente podemita sabía que el contenido afectaba más a su vida privada que a una persecución política sobre Podemos.

La tarjeta del teléfono de la joven marroquí contenía datos sobre Podemos, intercambios de chats de sus dirigentes y fotografías comprometedoras, pero carecía de valor policial para una investigación sobre la financiación de Podemos, como ahora viene denunciando Iglesias desde que la Audiencia Nacional le informó de su existencia entre el material incautado a Villarejo.

La primera vez que un medio publicó datos de su contenido fue El Confidencial en marzo de 2016, tras serle filtrado el pendrive por el comisario Villarejo, como ha reconocido ante el juez. Este diario publicó parte de contenido del pendrive los días 6, 9, 10 de marzo de 2016 y ni Pablo Iglesias ni Bousselham se quejaron ni ante la dirección del medio ni ante el Jugado de Guardia. Unos meses más tarde OKDIARIO reprodujo el contenido de unos chats de Iglesias y el secretario de Podemos tampoco presentó ninguna queja.

Robo por razones personales

Tampoco anunció ninguna denuncia cuando el presidente del Grupo Zeta le entregó la tarjeta del móvil de su compañera y constataba que se debía al robo de alguien próximo a su partido, no a espías de las «cloacas policiales», como ahora pretende explotar políticamente en plena campaña electoral.

Podemos, acostumbrado a presentar demandas y querellas a los periodistas y a personarse en múltiples causas judiciales como acusación popular, en las que no existe ninguna justificación, sorprendentemente se abstuvo de presentar una denuncia por una supuesta vulneración de la intimidad. Tampoco el mismo Iglesias adoptó ninguna acción judicial para denunciar lo que ahora califica de espionaje político. Todo se debía, según declararon los filtradores de la tarjeta del móvil, a una venganza por un ataque de cuernos.