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País Vasco

Otegi exige auditar el uso del euskera en los colegios para justificar una policía lingüística

Bildu solicita las "quejas y sugerencias relacionadas con la lengua" en los comedores escolares

Bildu, el partido del etarra convicto Arnaldo Otegi, ha exigido al Gobierno del País Vasco auditar el uso del euskera en los comedores escolares para justificar la puesta en marcha de su policía lingüística en los centros públicos. La formación de la izquierda abertzale ha registrado una iniciativa para que la autonomía informe sobre si hay quejas de las familias por no utilizar la lengua cooficial en los colegios.

Josu Aztiria Urtaran, diputado de Bildu en el Parlamento de la comunidad, ha presentado una solicitud de información en la cámara autonómica para que el Ejecutivo vasco dé todos los datos relativos a la «satisfacción del servicio de comedor en relación con la lengua en los centros públicos».

En la exposición de motivos de esta iniciativa, el representante de la formación de Otegi ha recordado que el Departamento de Educación «mide la satisfacción del servicio de comedor de los centros públicos a través de una aplicación». En esa plataforma, las familias pueden poner «quejas y sugerencias relacionadas con la lengua», apostilla el político vasco.

El representante de Bildu ha pedido al Ejecutivo de coalición de PNV y PSOE, encabezado por el jeltzale Imanol Pradales, que le entregue la siguiente información:

Aztiria Urtaran ha argumentado la necesidad de estos datos en que es imprescindible para que él pueda «cumplir de la forma más adecuada posible la función» que le corresponde «como parlamentario».

Éste podría ser un paso previo para justificar la puesta en marcha de una policía lingüística por parte de la autonomía, amparándose en estas recomendaciones.

«Euskaldunizar» a los jueces

Además de los estudiantes, los jueces también han estado en el punto de mira  de la imposición lingüística de Otegi. La formación de la izquierda abertzale presentó hace unas semanas una proposición no de ley en el Parlamento autonómico para exigir al Gobierno vasco de coalición entre PSOE y PNV que tome medidas para «la garantía de la euskaldunización en la judicatura».

El partido de Otegi acusaba a los magistrados que trabajan en el País Vasco de tener «evidentes dificultades para hacerlo en euskera en su actividad diaria». «Hay pocos recursos para recibir formación jurídica en euskera», incidía.

«Los datos de conocimiento y uso del euskera en la Administración de Justicia no son buenos», justificaba Bildu. La formación de izquierda abertzale ponía el acento en que es «prácticamente imposible» la «celebración de juicios», así como desarrollar «el trabajo jurídico diario» en vasco.

Bildu concretaba su iniciativa en dos medidas. Por un lado, más medios para educación de los magistrados, y, por otro, establecer un programa específico de formación con el que se pueda «euskaldunizar» a los jueces.

En primer lugar, instaba al Ejecutivo autonómico a «incrementar los medios para que los jueces y juezas aprendan euskera». Para ello, se le peía revisar «el convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial para la capacitación» de los jueces en vasco. Por ello, creían que era necesario disponer de más recursos económicos.

En segundo lugar, se exigía establecer «un programa específico de formación de jueces y juezas». Bildu detallaba: «Ofrecer un servicio de justicia adecuado a las necesidades lingüísticas de nuestro país». Este proyecto perseguía, según los de Otegi, «facilitar el acceso a la formación jurídica» en vasco y de ese modo, asegurar que los jueces «puedan desarrollar su actuación en euskera».