El CGPJ reprende al Gobierno por invadir sus competencias para beneficiar a la juez de la DANA

En un hecho sin precedentes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que recordar este domingo al Gobierno (Poder Ejecutivo), públicamente, que la división de poderes es esencial en democracia y que Moncloa no puede inmiscuirse en competencias que son exclusivas del órgano de gobierno de los jueces. Se lo ha tenido que recordar porque esa injerencia se ha producido pocas horas antes, verbalizada además de forma partidista por la líder del PSOE valenciano, Diana Morant, quien a su vez se ha convertido de esta forma en improvisada portavoz del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones para anunciar –y apuntarse como tanto– que el Gobierno va a reforzar el juzgado de Valencia para que su titular, Nuria Ruiz Tobarra, pueda dedicarse en exclusiva a la instrucción del caso de la DANA. El PSOE ha aplaudido con entusiasmo lo dictado por esta juez hasta el momento, al imputar exclusivamente a autoridades de la Generalitat y apuntar contra Mazón.

Si famoso fue el episodio en el que, hace unos años, Sánchez sacó pecho en público presumiendo de que él controlaba la Fiscalía a su gusto desde Moncloa, más relevante incluso es el episodio que se ha producido este domingo y que ha obligado al CGPJ a reivindicar algo tan democráticamente esencial como es la división de poderes entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Relevante por el fondo –al sufrir el Poder Judicial un nuevo ataque en sus competencias por parte del Gobierno de Sánchez–, y relevante –también– porque esta queja emana de un CGPJ renovado hace menos de un año, tras un tortuoso pacto entre PSOE y PP que ha dado como resultado una mesa de gobierno de los jueces repartida entre consejeros de la izquierda y de la derecha. Es decir, que la queja que el CGPJ ha elevado hoy contra el Gobierno es compartida, como mínimo, por una parte relevante de los consejeros avalados por la izquierda.

El conflicto que ha provocado Diana Morant es de evidente calibre, más aún ante el mismo Gobierno y partido que viene atacando sin reparo a los jueces que investigan la presunta corrupción del entorno familiar y político de Sánchez.

La causa que apunta al PP

Diana Morant ha dicho este domingo que el juzgado de Catarroja se va a reforzar para que su titular se dedique sólo a la causa que apunta contra la Generalitat de Mazón. Y ha dicho que la decisión ya está tomada, urdida por el Ministerio de la Presidencia y Justicia de Félix Bolaños. La realidad es que el Ministerio no es quien toma una decisión de este tipo, sino que lo hace el CGPJ. Y, para más inri, el CGPJ ni siquiera se ha reunido aún para tomar la decisión.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado que reforzar órganos judiciales como el juzgado de Catarroja (Valencia) es «competencia exclusiva» suya, no del Gobierno. Este recordatorio, que evidencia otro choque institucional entre el sanchismo y los jueces, ha sido realizado por «fuentes del CGPJ» a la agencia estatal EFE. Así que queda claro que el malestar en el seno del órgano de gobierno de los jueces no sólo es notorio sino que la colisión abierta por Morant, en nombre del Gobierno, es tan evidente que se ha convertido en noticia destacada por la agencia de noticias que depende del propio Ejecutivo –empresa pública estatal–.

Desde el CPGJ han aclarado que la adopción de medidas de refuerzo en la titularidad de los órganos judiciales es competencia exclusiva del CGPJ, tal y como establece el artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para la aprobación de esas medidas por parte del CGPJ es necesaria la autorización económica previa del Ministerio de Justicia, quien «únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria», según el artículo 216 bis 5 LOPJ.

En este caso concreto, señalan, la medida de refuerzo fue solicitada por la Sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana y, una vez completados los trámites necesarios, que incluyen recabar informes del Servicio de Inspección y la autorización económica previa de Justicia, será estudiada por la Comisión Permanente del CGPJ el próximo martes.