La ONU sentencia a Montero y ‘Pam’: «No protegen a los niños del maltrato y excarcelan violadores»
La ONU muestra su preocupación por la Ley del 'sólo sí es sí' impulsada por Irene Montero
La ONU abronca a Montero y ‘Pam’ por el ‘sí es sí’: «Ha aliviado penas de forma contraproducente»
Interior da por hecha la «reinserción social» de los 108 violadores excarcelados gracias a la Ley Montero
El Comité de Naciones Unidas por los Derechos de las Mujeres ha emitido su valoración sobre las medidas legislativas puestas en marcha por el Gobierno español. En el informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el organismo muestra su preocupación por la desprotección de la mujer en varios ámbitos, como la violencia de género, el desempleo o la explotación sexual. La ONU destaca la polémica ley del sólo sí es sí de Irene Montero incidiendo en el «efecto regresivo del principio de retroactividad», que «conduce a un número significativo de condenas reducidas y excarcelaciones». Hasta el momento, 1.079 violadores, pederastas y abusadores sexuales han visto rebajada su condena, de los cuales, 108 han sido excarcelados, según el último recuento que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público hace dos semanas. La cifra sería hoy superior.
La ONU afea además al Ministerio de Igualdad que «no existen estructuras específicas para brindar el apoyo necesario a los niños testigos de violencia de género contra la mujer» y señala que «la legislación y los esfuerzos para abordar formas específicas de violencia de género contra las mujeres y las niñas, como el incesto y la ciberviolencia generalizada, son insuficientes».
Como reveló OKDIARIO, durante la comparecencia de la delegación española ante el comité -hace dos semanas-, los expertos de la ONU ya abroncaron a Igualdad por la ley que ha permitido la salida adelantada de prisión de los agresores sexuales.
La representante de la ONU Nicole Ameline, ex ministra de Igualdad de Francia y miembro de Cedaw, planteó los «desafíos» que aún tiene España en varios ámbitos y llamó la atención sobre el «alivio» a los violadores que ha supuesto la norma impulsada por Irene Montero. La experta aseveró que el Senado había tenido que «rectificar» la ley y tachó la reducción de condenas de «completamente contraproducente». «¿Cómo podemos evitar de cara a futuro que esta retroactividad tenga un impacto negativo?», preguntó a la delegación de Igualdad, encabezada por Ángela Rodríguez Pam. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se defendió de las críticas con ataques a los jueces, tachando además de «muy alarmistas» las noticias sobre la reducción de pena a agresores sexuales. Rosell consideró incluso que las penas para los violadores, 15 años, son «excesivas».
Trata
En su evaluación, la ONU se muestra especialmente crítica con la prevalencia en las tasas de asesinatos por violencia de género en España -en lo que va de año, 20 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas- y considera que las medidas puestas en marcha por el Gobierno español son «insuficientes».
También incide especialmente en la trata, advirtiendo que «falta una legislación integral» y que «la mayoría de las víctimas no son detectadas por los funcionarios fronterizos y tienen obstáculos para acceder a la Justicia». El organismo avisa a Igualdad que es necesario «abordar la demanda de la prostitución». Por todo ello, pide «adoptar sin demora y con carácter de urgencia legislación para prevenir la explotación sexual».
En el ámbito del empleo, la ONU muestra su preocupación por las altas tasas de paro femenino, señalando que «las leyes no han sido suficientemente eficaces». En este contexto, describe que «a pesar de que las mujeres tienen un nivel de estudios más alto que los hombres, están menos representadas en el empleo».
«Las mujeres están de manera desproporcionada a cargo del trabajo tradicional de cuidados, lo que con frecuencia dificulta la conciliación satisfactoria de las responsabilidades familiares con el trabajo», añaden desde la ONU. Igualmente, destacan la «insuficiente coordinación» entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas y las «insuficientes políticas de evaluación» de las leyes aprobadas.