Òmnium planea colarse en el Tribunal de Estrasburgo el 10 de abril para desacreditar el juicio del 1-O
Los separatistas de Òmnium quieren empezar el próximo 10 de abril su labor de influencia sobre el Tribunal de Estrasburgo para desacreditar el juicio del 1-O y preparar el terreno para un futuro recurso ante esta instancia europea. Para ello ha recurrido a un diputado alemán del izquierdista Die Linke, un partido con el que colabora Podemos.
El separatismo catalán ha iniciado su ofensiva para desacreditar a la Justicia española y al juicio del 1-O. Conscientes de que el proceso judicial no marcha por donde ellos quieren por la avalancha de pruebas en contra y la impecable labor del magistrado Marchena, Òmnium ha recurrido a sus contactos con la extrema izquierda alemana para colarse en el Consejo de Europa este 10 de abril -el próximo miércoles- y desde este organismo -padre y soporte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo- empezar su labor de influencia en la corte europea de Derechos Humanos con el objetivo de abonar el terreno para un futuro recurso ante esta sede.
El hombre clave al que ha recurrido el separatismo catalán es Andrej Hunko. Se trata de un parlamentario alemán del Partido de la Izquierda Die Linke -apoyo habitual de Podemos-.
Hunko es miembro igualmente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo del que emana el Tribunal de Estrasburgo. Él fue igualmente el que dejó claro su activismo y lealtad plena con el separatismo tras respaldar el referéndum ilegal y tras su visita a la prisión de Lledoners -donde estaba parte de los golpistas antes del inicio del juicio oral por el 1-O- para trasladarles ánimos y su compromiso de defenderles.
«Fuertes presiones»
Hunko fue igualmente el que el pasado mes de enero realizó unas declaraciones afirmando que existían fuertes “presiones sobre el Tribunal de Estrasburgo” y que él evitaría esas presiones -según él, las del Gobierno español- para garantizar “procesos [judiciales] independientes”.
Hunko olvidó mencionar en aquel momento que realmente las presiones iban a ser las suyas, como hoy desvela OKDIARIO. Y que su labor le está llevando a colaborar con una de las instituciones implicadas directamente en todo el entramado de ruptura de la unidad de España y del orden constitucional.
Este parlamentario alemán se ha encargado ya de buscar una sede dentro del Consejo de Europa para el día 10 de abril, el próximo miércoles, en la que miembros de Òminum, una de las organizaciones clave en el desarrollo e impulso del golpe separatista, pretenden iniciar su campaña de descrédito de la Justicia española.
Los mensajes de Òmnium en contra de España y sus sistema judicial no son novedad, pero en esta ocasión su osadía va más allá porque lo pretenden realizar -si el Gobierno español, presente en el Consejo de Europa, no lo evita- ante algunos de los miembros del Consejo de Europa que tienen influencia directa sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Fuentes del Ministerio de Exteriores español han confirmado el acto a OKDIARIO y aseguran que «el embajador español está trabajando para desactivarlo”. Esas mismas fuentes confirman que el acto se pretende desarrollar en una de las salas de actos culturales del Consejo de Europa, una fórmula buscada para intentar evitar el freno institucional y camuflarlo como una mera cuestión de agenda cultural.
Versión falsa
El título con el que se pretende lanzar el acto es el de Spanish Judiciary and Human Rights, y, efectivamente está convocado por Òmnium. De este modo, el acto pretende ir al corazón de la vía de influencia de la corte europea dibujando una versión falsa de una supuesta alteración de derechos en el sistema judicial español.
El objetivo de los separatistas es obvio: sembrar la versión golpista para que, tras un seguro recurso ante el Tribunal de Estrasburgo por parte de las defensas de los acusados de rebelión, sedición, malversación y prevaricación, los golpistas tengan alguna posibilidad de dar la vuelta a una sentencia que cada día se les pone peor a los procesados por el referéndum inconstitucional del 1-O.
Y no porque la Justicia española tenga ni la más mínima tacha de nada que no sean garantías jurídicas. Sino porque se trató de un golpe de estado televisado y repleto de pruebas de toda la cadena de delitos cometidos.
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