España

Nueva cesión de Sánchez a los separatistas: negocia el traslado de la sede de la CNMC a Barcelona

Pedro Sánchez sigue con sus negociaciones con los separatistas en plena recta final para lograr apoyos a su investidura. Y lo hace justo antes de tener que presentarse ante el Rey para prometerle la defensa de la Constitución por parte de su hipotético y futuro Gobierno. La última cesión que negocia con los separatistas el candidato socialista a la Presidencia es el traslado a Cataluña de la sede del organismo que controla la competencia entre las empresas en toda España, la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

El mandato presidencial es impulsar la “descentralización institucional del Estado, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades”. Y uno de lo organismos elegidos para este cometido es nada menos que el regulador nacional de competencia. Un organismo con capacidad sancionadora cuando se vulneran las normas de competencia por parte de las empresas.

Hay que recordar que los partidos separatistas ya han solicitado en el pasado actuaciones contra empresas, en concreto, contra la Endesa presidida en aquel momento por Manuel Pizarro. En aquel caso los nacionalistas pidieron explicaciones en el Parlamento catalán, por ejemplo, porque consideraban que se perjudicaba a Cataluña reduciendo las inversiones en líneas eléctricas.

Ahora Sánchez plantea el trasladado del regulador encargado de controlar prácticas anticompetencia. Un organismo con capacidad para dictaminar y sancionar a las compañías si vulneran criterios de libre competencia.

Pedro Sánchez, de hecho, prepara una profunda cesión de poder a los separatistas para engrasar los acuerdos de gobernabilidad, ahora o tras las próximas elecciones. El presidente del Gobierno quiere apuntalar la alianzas con PDeCAT, ERC y PNV y no sólo baraja la reformas de sus Estatutos para ampliar sus competencias hasta el máximo, sino que, además quiere aumentar los fondos e inversiones que reciben Cataluña y País Vasco, y completar este regalo dando a la Generalitat un peso decisivo en los organismos que controlan la vida empresarial e, incluso, los fondos que reciben las autonomías.

Y es que el PSOE plantea también que el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el organismo que gobierna y controla las finanzas autonómicas y que coordina el sistema de reparto de los fondos comunes y el modelo de solidaridad- deje de tener primacía del Estado para que la tengan las autonomías. Traducido: para que las tenga la Generalitat, que es con la que Pedro Sánchez negocia su reforma en estos momentos.

No se trata de la única cesión ni mucho menos. El PSOE quiere hacer partícipes también a las comunidades autónomas de la elección de los cargos clave en organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercados y Valores (CNMV) o la misma Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los socialistas quieren combinar todo ello con un aumento de la presencia de las autonomías en las instituciones europeas, algo que, además de la dificultad de coordinación del mensaje nacional ante Bruselas y el resto de organismos comunitarios, dará más eco a las reclamaciones nacionalistas de algunas de las regiones españolas.