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Prisiones

Los narcos intentan meter teléfonos móviles y hachís con un dron en la prisión de Algeciras

Los narcos gaditanos lo han vuelto a intentar de nuevo. A primera hora del lunes los funcionarios de la prisión de Botafuegos (Algeciras) capturaron un dron que llevaba dos teléfonos móviles, uno pequeño, otro de grandes dimensiones, cables de conexión a la red eléctrica y 30 gramos de hachís, además de otros materiales como cuerdas y ganchos, empleados en una entrega fallida. Botafuegos es una de las prisiones más peligrosas de España porque en sus instalaciones reúne a gran parte de los detenidos por narcotráfico en toda España.

En los últimos cinco años Botafuegos es el Centro Penitenciario de España donde más teléfonos móviles se han incautado, en concreto 690 terminales, el pasado año 2021, ocupó el número 2 en el ranking con 134 unidades con el consiguiente agujero en la seguridad interior de la cárcel, a lo que hay que sumar los drones, en los cuales se han incautado drogas y teléfonos.

El actual Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, dependiente del ministro del Interior Grande-Marlaska está prácticamente informado al minuto de este nuevo “modus operandis” para introducir objetos prohibidos en el interior de las cárceles españolas.

Hace apenas unos meses y  aprovechando la visita a Botafuegos del máximo responsable de las prisiones españolas, desde la Sección Sindical de ACAIP en Algeciras, se le volvió a informar de la asiduidad con la que sobrevolaban drones sobre las cárceles españolas, entre ellas Botafuegos, y del grave problema que origina porque son portadores de objetos prohibidos como drogas, teléfonos… y del «temor fundado que genera al colectivo de empleados penitenciarios el que se introduzca objetos muy peligrosos que puedan ir contra la vida, tanto de funcionarios como de internos», explicaban entonces desde ACAIP. La cuestión es que cuesta lo mismo introducir un teléfono móvil que, por ejemplo, un arma.

La respuestas de Ortiz al problema de Algeciras fue que “hay un proyecto piloto que se quiere implantar en el penal de Ceuta”. La pregunta que surge para el sindicato de funcionarios es «¿para cuándo las más de 80 prisiones restantes? ¿Habrá que esperar que ocurra alguna desgracia de imposible reparación? … la realidad es que a corto plazo no hay plan de choque alguno, se requieren soluciones para todas las cárceles españolas ya».

Quema de coches

A primeros de septiembre OKDIARIO ya contó cómo un funcionario vio arder dos vehículos de su propiedad por un incendio provocado en lo que parecía ser una coacción en toda regla, ya que es una de las personas que forma parte de la Junta Penitenciaria, que decide si un preso sale de permiso o no. Hace seis meses quemaron el coche de otro funcionario que tgambién formaba parte de la Junta de Tratamiento.

La cárcel algecireña de Botafuegos tiene entre su población penitenciaria a un porcentaje muy elevado de presos relacionados con delitos cometidos en el Campo de Gibraltar, casi todos relacionados con el narcotráfico. Por tanto, su población reclusa en su inmensa mayoría son de la zona. En la misma prisión también hay presos extranjeros, muchos de origen marroquí y que cumplen su estancia en régimen de prisión preventiva a la espera de juicio e incluso definitivamente cumpliendo condena.

Un trabajador de la prisión denuncia que «antes el recluso narcotraficante, una vez entraba por la puerta del establecimiento penitenciario era cumplidor con la legislación penitenciaria y con sus trabajadores, pero ahora está mutando, no temen las consecuencias de sus conductas, ya no se conforman con las meras amenazas, se ha pasado a los hechos y traspasado líneas rojas».

A principio de septiembre un incendio provocado calcinó dos vehículos de un trabajador penitenciario, «que desempeña su trabajo en el interior del establecimiento, que tiene trato directo con los reclusos, con voz y voto a la hora de decidir si a un interno se le concede un permiso de salida o es progresado al tercer grado penitenciario; una “coacción” en toda regla», añaden.

Este incidente no puede calificarse de mero accidente, porque seis meses atrás, el vehículo de otro funcionario de la cárcel de Algeciras fue calcinado en iguales circunstancias. Se da la circunstancia de que trabajaba en la misma Unidad que el funcionario que ha visto ahora arder sus dos coches. Entonces los funcionarios creyeron que podía haber sido un accidente o una víctima aleatoria de un desalmado y por tanto no tuvo la relevancia que debiera porque era la primera vez que sucedía este hechos, pero… «las casualidades no existen. Ahora en la mente del colectivo las preguntas son ¿Quién será el siguiente? ¿A nuestras familias? ¿A nuestras viviendas?», se preguntan los funcionarios de Botafuegos.

Desde el sindicato de prisiones ACAIP-UGT hablaron con la Dirección del Centro para conocer de primera mano los hechos, y les explicaron que «lo han remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que se adoptará medidas internas. Desde el Sindicato entendemos que la solución pasa por el traslado a los presos relacionados con el narcotráfico a otros Centros Penitenciarios del país», dijeron en un comunicado.

La realidad es que la prisión de Algeciras es una cárcel muy singular por su ubicación cercana a Marruecos, por la tipología delictiva y por las características de los presos que se custodian.

Desde ACAIP-UGT, «demandamos al Ministro del Interior, que Botafuegos y su personal esté encuadrado dentro del Plan de Especial Singularidad del Campo de Gibraltar al igual que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los cuales cuentan con más y mejores medios como: unidades especializadas contra el narcotráfico, productividades especiales, unidades investigación…, en la comarca, y dote a Algeciras de más recursos humanos, materiales y económicos; al Secretario General de Prisiones, señor Ortiz, que proteja a sus trabajadores, que negocie y resuelva los múltiples problemas que asola al colectivo penitenciario, caso contrario la mejor solución para todos los empleados penitenciarios es, que por vergüenza y dignidad, los máximos responsables presenten su dimisión».