España

Las multas de Sánchez a los comerciantes por incumplir el apagón multiplican por 40 las de Francia

El decreto energético de Pedro Sánchez convierte España en el país de la Unión Europea con las medidas y multas más severas. El plan, que entró en vigor este miércoles, impone el ajuste de temperatura del aire acondicionado a 27 grados y el apagado de los escaparates a partir de las diez de la noche. Las sanciones para quienes incumplan son de hasta 60.000 euros en el caso de las infracciones leves. Una cuantía muy superior a la prevista en otros países, como Francia, que aún no ha aprobado su plan definitivo. El Gobierno de Emmanuel Macron trabaja en un borrador con sanciones de 1.500 euros por estas mismas infracciones, como no apagar los carteles luminosos o escaparates. Hasta ahora sólo son medidas en estudio, pues España es el único país europeo que cuenta ya con un plan en funcionamiento y por imposición de su Gobierno, vía decreto.

Con sus medidas de «ahorro energético», Sánchez apunta sobre todo a los comerciantes y hosteleros, ya muy golpeados por la crisis económica. El decreto en sí, que ha sido criticado por los empresarios, no recoge un régimen sancionador y remite a lo dispuesto en la Ley de Industria, de 1992. En concreto, en el caso de las infracciones leves -como será el caso de la mayoría de incumplimientos, según prevé el Ministerio para la Transición Ecológica- las multas pueden llegar hasta los 60.000 euros, como la cuantía máxima. En las graves, hasta 6 millones y en las «muy graves», hasta 100. Estas dos últimas no se contemplan, según el departamento de Teresa Ribera.

Según esta ley, cometerá una infracción leve quien incumpla las medidas «que formule la autoridad competente dentro del plazo concedido al efecto, siempre que se produzca por primera vez» o la «inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato». Además, la infracción se podrá individualizar en función de varios criterios, como la importancia del daño o deterioro causado, el grado de participación y beneficio obtenido, la capacidad económica del infractor, la intencionalidad o la reincidencia.

El Gobierno ha derivado la responsabilidad de vigilar el incumplimiento del plan y la imposición de las sanciones a las comunidades autónomas, pero sin dotarlas de instrumentos ni instrucciones. Algunas, ya muy críticas con el decreto, como la Comunidad de Madrid, que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Medidas en Europa

En Francia ya existe una normativa -de 2012-que obliga a apagar las luces de los escaparates entre la 1 y las 6 de la madrugada y con excepciones, como en época navideña o turística. Esto significa que en España las luces de zonas tan frecuentadas como la Gran Vía madrileña tendrán que estar apagadas desde tres horas antes que en nuestro país vecino.

Esta prohibición funciona actualmente en ciudades francesas de menos de 800.000 habitantes y en las grandes depende de ordenanzas municipales. El plan del Gobierno es extender ese apagón a todo el país, aunque sin aumentar el horario, y las multas serán de 1.500 euros, según se recoge en los borradores, pues el gabinete de Macron no ha presentado aún su plan.

Por ahora, los ayuntamientos tienen libertad para fijar sus propias normas y multas. En París, por ejemplo, se ha dictado una ordenanza que prohíbe a los locales que utilicen aire acondicionado tener las puertas abiertas. Por otro lado, los supermercados franceses están diseñando sus protocolos.

Tampoco otros países han aprobado sus planes definitivos. En Alemania, son las ciudades las que deciden las medidas y el Gobierno sólo ha presentado por ahora un paquete de recomendaciones, como evitar la calefacción en lugares que no estén muy frecuentados. En Italia, el proyecto energético no habla de apagar la iluminación, sino de «atenuarla». El país prevé recortar la iluminación pública en hasta un 40 % y avanzar la hora de cierre de las dependencias oficiales. Igualmente, la limitación de temperatura oscilará entre los 19 y 21 grados. Tampoco Bélgica dispone de un plan cerrado y por el momento sólo se habla de «concienciar» a empresas y hogares sobre ahorro energético, así como promover el menor gasto en los edificios oficiales. Portugal estudia las medidas de otros países, sobre todo en edificios públicos.